AGILIZAR IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE EJECUCIÓN PENAL

Se debe garantizar que no haya retrasos originados por motivos políticos, porque se podrían generar vacíos y perjuicios para el sistema de justicia si no se acelera la plena aplicación de la ley.

El senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD, propuso que el Senado solicite al Presidente de la República y a los gobernadores de los estados dar celeridad a las labores necesarias para la plena entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP).

Asimismo, que exhorte respetuosamente al Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal y a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario a enviar al Congreso de la Unión la solicitud de declaratoria de entrada en vigor de dicha Ley.

Mediante un punto de acuerdo, remitido para su análisis a la Comisión de Justicia, el legislador explicó que el pasado 16 de junio fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuya relevancia radica en observar el debido proceso y el respeto a los derechos humanos, entre otras medidas.

Señala que en el artículo segundo transitorio de ese ordenamiento se incluyen diversos plazos para la entrada en vigor de disposiciones específicas, “es decir, se establece una entrada en vigor gradual” debido a la imposibilidad material de las autoridades competentes, tanto del ámbito federal como de las entidades federativas, de darles cumplimiento de manera inmediata.

No obstante, explicó que a pesar que de la gradualidad en la entrada en vigor de la Ley se encuentra justificada, es necesario tener en cuenta que el nuevo sistema de justicia se encuentra operando ya en todo el territorio nacional; por consiguiente, cuanto más tiempo transcurra sin que tenga plena vigencia se podrían generar vacíos y perjuicios para este mecanismo, autoridades y personas sujetas a sanciones penales.

Por ello, consideró necesario que las autoridades competentes den la mayor celeridad posible a las labores para implementar plenamente la Ley Nacional de Ejecución Penal, y se procure que la implementación se lleve a cabo antes del cumplimiento de los plazos máximos previstos, además de garantizar que no haya retrasos originados por motivos políticos.