NO HAY CLARIDAD EN APLICACIÓN DE MIL MILLONES DE PESOS

Senadores y diputados de la Primera Comisión de la Permanente establecieron que dicho informe debe incluir el número total de las víctimas atendidas y indemnizadas, clasificadas por tipo de delito, así como los resultados y seguimientos de casos para el reparo de daño, conforme a las variables que establece la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En el dictamen se refiere que el 24 de noviembre de 2014, la CEAV creó el fideicomiso público de administración y pago denominado Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral con registro en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos de la Secretaría de Hacienda (SH).

Lo anterior con la colaboración del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, la Sociedad Nacional de Crédito, y la Institución de Banca de Desarrollo como fiduciario.

El objetivo de dicho fideicomiso es cumplir con el pago de las ayudas, asistencia y reparación integral a víctimas, lo que incluye violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades federales y la compensación subsidiaria para víctimas de delitos del orden federal.

Para tal efecto, dicho fideicomiso recibió en 2014 recursos por 500 millones de pesos, y en este año se le asignó la misma cantidad de presupuesto.

En el dictamen se refiere que, a partir de los cambios en la Presidencia Ejecutiva y de sus Comisionados en la CEAV en junio de 2014, se ha generado opacidad en la rendición de cuentas y transparencia.

“Al llegar el Comisionado Presidente lo primero que se solicita a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria COFEMER (oficio 14/1373 de COFEMER) es la exención en la justificación y reporte de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), obteniendo la anuencia al respecto, por lo que en ese año se desconoció el detalle en el ejercicio de los recursos”, precisa el documento.

A ello se agrega que “la CEAV operó los ejes rectores tanto del Registro de Víctimas como de Asistencia Integral sin Reglas de Operación. Sólo cuenta con una Medición de impacto, realizado por un Despacho Privado Moctezuma & Asociados y un Informe de auditoría Independiente en 2012 por la firma Pérez Colin Avilés Vázquez y Asociados, S.C”.

En dichos informes prevalece confusión, pues “se etiqueta por igual a los desaparecidos que a sus familiares o personas afectadas por el índice de violencia en México. Por lo que es importante solicitar aclaración y/o implementar acciones específicas en este rubro”, puntualiza el dictamen de la Primera Comisión.

Durante la sesión de la Primera Comisión se aprobaron en total 11 dictámenes, de los cuales también destaca el exhorto a la Conferencia Nacional de Gobernadores y a los congresos estatales a implementar los mecanismos tendientes a promover, fomentar y aplicar las modificaciones legislativas en materia de derechos humanos, de conformidad con la reforma constitucional de 2011.

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