Elsabueso Mexiquense

Violencia desatada

Aunque la violencia no es nueva en el país, lo acontecido el fin de semana en 10 entidades del país, con más de 59 muertos generó nuevamente cuestionamientos sobre la capacidad del gobierno para lidiar con este tema crítico y sobre el impacto que la violencia pudiera tener sobre las perspectivas económicas. En nuestra opinión, la menor popularidad del gobierno derivada de esto podría afectar marginalmente su capacidad para implementar su agenda de política económica, pero dado que la mayoría de las reformas importantes ya se aprobaron, no esperamos que su efecto se vuelva crítico. Consideramos que el gobierno seguirá comprometido con políticas macroeconómicas prudentes.

Si bien cuenta con políticas fiscales y monetarias cautelosas con bajos niveles de déficits e inflación, cuenta con una limitada flexibilidad fiscal y bajo crecimiento del PIB, que constituyen debilidades crediticias en el nivel actual de calificación. Aproximadamente una tercera parte de los ingresos presupuestales totales del país todavía provienen del sector hidrocarburos, lo que hace al gobierno vulnerable ante la volatilidad de los precios del petróleo. Además, la base tributaria no petrolera es baja, en 10% del PIB", dijo Standard & Poor's.

Por más que la estrategia oficial contra la criminalidad ha mostrado inoperancia o incluso su carácter contraproducente, el mundo institucional y la clase política no se muestran muy preocupados por formular una política alternativa y ni siquiera por debatir el tema, incluso, la sociedad civil parece haber perdido interés en la solución de un fenómeno que amenaza de manera directa su seguridad y su vida cotidiana.

La barbarie instaurada en el país debe ser parte integrante del debate nacional. Es necesario exigir que, sean cuales fueren las autoridades en turno, se emprenda la tarea de realizar un diagnóstico crítico e integral de las acciones gubernamentales en materia de seguridad durante el sexenio en curso; se esclarezcan los casos en que la autoridad, en lugar de hacer respetar la legalidad, la ha violentado, y se formule una estrategia integral –es decir, económica, política y social, además de policial– para hacer frente a la pronunciada degradación del estado de derecho, al desastre de seguridad pública y al control que el crimen organizado ha logrado en zonas del territorio, en instituciones públicas y hasta en algunas actividades económicas. A contrapelo de lo que han sostenido algunos representantes de la actual administración, no debe permitirse que la violencia, la inseguridad y las rupturas de la legalidad tengan una proyección transexenal, y el país no tiene por qué resignarse a vivir en un estado de guerra permanente.

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