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NUEVA CREACIÓN DEL REPARTO DE UTILIDADES

  • 20 jul 2016
  • 2 min de lectura

Es necesario reformar la Ley Federal del Trabajo para dar mayor seguridad a las pequeñas y medianas empresas y generar certidumbre laboral a los trabajadores.

El senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, del Grupo Parlamentario del PT, presentó una iniciativa para exentar a las empresas de nueva creación de la obligación de repartir utilidades durante los dos primeros años de funcionamiento.

Además, consideró necesario que las empresas de nueva creación, dedicadas a la elaboración de un producto nuevo, también queden exentas de repartir utilidades en los tres primeros años de funcionamiento y que la determinación de la novedad se ajuste a lo que dispongan las leyes para el fomento de industrias nuevas.

Para ello, propuso reformar las fracciones I y II del artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de dar mayor seguridad a las pequeñas y medianas empresas, y generar certidumbre laboral a los trabajadores.

Se trata, dijo Menchaca Medrano, de que las fuentes de trabajo no cierren sus puertas en el primer año de operaciones, logren consolidarse y generar de empleos formales.

En la exposición de motivos, el legislador destacó que el Centro para el Desarrollo de la Competitividad Empresarial refiere que 50 por ciento de las nuevas empresas mexicanas se ven obligadas a cerrar sus operaciones en el primer año de existencia, 75 por ciento sufre el mismo destino tras sólo dos años en el mercado, mientras que 90 por ciento quiebra antes de los cinco años.

“Ello resulta aún más alarmante si se toma en cuenta que de las micro, pequeñas y medianas empresas de nueva creación, 80 por ciento cierra el primer año de operaciones, principalmente por motivos financieros, a pesar de que constituyen la base económica del país, por el fuerte impacto que tienen en producción nacional y en la generación de empleos”.

Ante este panorama destacó la relevancia y el peso específico que tiene el establecimiento, crecimiento y consolidación de empresas para el buen desarrollo económico y social del país, por lo que resulta imperioso modificar las condiciones actuales a las que se enfrentan empresas de reciente creación en México.

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