GARANTIZARÁ LA NUEVA CONSTITUCIÓN DERECHOS ELECTORALES DE LAS MUJERES

El avance en la paridad de género no debe aceptar retrocesos ni obstáculos que impidan su materialización, y se deben establecer los lineamientos necesarios para lograr la igualdad sustantiva, además de atender y sancionar la violencia política.

La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Elizabeth Mateos Hernández, se comprometió a realizar las acciones necesarias para que la Constitución de la Ciudad de México (CDMX), garantice derechos electorales de la mujer.

En el marco del 61 aniversario del primer voto de la mujer en México, que se conmemora el tres de julio, señaló que el establecimiento de la paridad en la Constitución, así como las medidas para instrumentarla e identificar y denunciar actos violatorios de los derechos político-electorales de las mujeres, permitirá emparejar el piso y hacer efectiva la participación de este sector de la población en la toma de decisiones.

Indicó que la VII Legislatura tiene la oportunidad histórica de elaborar las leyes secundarias, de las primeras cinco ordenanzas de la Constitución que normarán el marco de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la capital; la ley de alcaldías, la de procesos electorales que regulará la elección de diputaciones, alcaldes y concejales, misma que debe plasmar la paridad y atención de la violencia política.

Como una forma de honrar a las mujeres que el tres de julio de 1955 votaron por primera vez, derivado de la reforma de 1953 que les otorgó ese derecho, la presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables asumió el compromiso de garantizar que en los grupos de trabajo que se realicen para tal fin, se incluyan los lineamientos que permitan materializar la participación femenina en la toma de decisiones políticas.

La también vocera de la fracción parlamentaria del PRD en la ALDF dijo que es necesario impulsar acciones que eliminen todas las barreras que impiden lograr la igualdad sustantiva, a fin de que no sólo sea formal sino material. Recordó que recientemente promovió una iniciativa para tipificar a la violencia política de género para proteger los derechos políticos de las mujeres, dentro o fuera de la época electoral, misma que avanza en comisiones.

Mateos Hernández adelantó que una vez que dicha iniciativa sea avalada por el pleno de la ALDF trabajará con autoridades y organismos electorales, que ya cuentan con un Protocolo de Atención de la Violencia Política contra las Mujeres, para impulsar una campaña informativa que ayude a identificar la violencia política y cómo denunciarla.

Comentó que durante el proceso electoral 2014-2015, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) registró 38 casos de violencia política contra mujeres en ocho estados, pero cientos más que involucran agresiones físicas, discriminación y violencia no fueron denunciados por desconocimiento o temor, por lo que es fundamental identificarla y luchar contra ella.

La violencia contempla amenazas a las mujeres que han sido electas, mal uso de presupuesto por parte de partidos políticos a la capacitación de mujeres e inequidad en la distribución de los tiempos de radio y televisión, ya que de acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), los spots transmitidos por los partidos durante las campañas de 2015 mostraron al doble de candidatos que candidatas.

Mateos Hernández citó que la reforma electoral de 2008 estableció la obligación de postular al menos 40% de cualquiera de los sexos para las candidaturas a diputados y a senadores, pero no se cumplía o se evadía, por lo cual en 2011, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó que las fórmulas de propietario y suplente se integraran por personas del mismo sexo, para evitar que alguno de ellos renunciara y dejara a su suplente, situación que derivó en una presencia femenina histórica, aunque no suficiente, en ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

Agregó que la reforma electoral de 2014 estableció que 50% de las candidaturas para los cargos legislativos locales y federal serían para mujeres, lo cual generó que en el Proceso Electoral 2014-2015 se registrara el mayor número de candidatas; sin embargo, en el ámbito del Poder Ejecutivo, las mujeres que fueron elegidas para ocupar un cargo público fueron minoría, ya que de nueve candidatas a gobernadoras sólo una ganó.