SE ABRE DIÁLOGO SOBRE REFORMA EDUCATIVA O EL CONFLICTO ESCALA

A fin de superar la crisis social desatada por la reforma educativa de 2012 y consensuar otra con base en la profesionalización, evaluación y respeto a los derechos laborales del magisterio para elevar realmente la calidad formativa del alumnado, urge que el Congreso de la Unión la “Ley Para el Diálogo y la Construcción de Acuerdos Para la Educación”.

El Diputado federal Omar Ortega Álvarez, dijo que con la aprobación de esta ley el Congreso atendería el clamor ciudadano y le tomaría la palabra al gobierno en el sentido de que, por ser el único facultado para “reformar la reforma educativa”, debería participar en la solución del conflicto desde su raíz, es decir, desde la modificación de una reforma que ha generado inconformidad en muchos profesores que, con ella, ven conculcados sus derechos.

La iniciativa de ley puesta a consideración del Congreso a través de su Comisión Permanente, establece las bases jurídicas para el diálogo y los acuerdos.

Prevé la creación de una Comisión con 10 representantes del Legislativo, cinco del Ejecutivo, cinco del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y cinco de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Dicha Comisión deberá organizar diferentes mecanismos de participación democrática y deliberativa con los diversos sectores de la sociedad a fin de lograr y presentar ante las cámaras del Congreso, en máximo seis meses, una propuesta de reforma integral del sistema educativo nacional.

“En la construcción del Acuerdo Nacional por la Educación –dice la iniciativa en su artículo 5- se buscará conciliar las demandas e intereses legítimos del magisterio con la profesionalización y evaluación de los docentes, que garantice la máxima calidad de la educación”.

Para facilitar el diálogo y la conciliación, prevé suspender los procedimientos judiciales, administrativos y laborales contra integrantes de la CNTE hasta el término de los trabajos.

Los resultados de éstos deberán reflejarse en cambios a las leyes General de Educación, General del Servicio Profesional Docente y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, aunque no necesariamente sólo en ellas.

El legislador perredista señaló que la reforma educativa iniciada a nivel constitucional a finales de 2012 y concluida a nivel de leyes secundarias en 2013 no logró sacar de su crisis al sistema educativo nacional.

Al contrario, la profundizó al imponerse en el Legislativo, aplicarse por el Ejecutivo autoritariamente, impactar negativamente en derechos laborales del magisterio, generar protestas de éstos y orillarlos a la interrupción del ciclo escolar en varias regiones del país. Así, aunque legal, esa reforma resultó ilegítima y dañina.

Lo más grave es que el conflicto social escaló ya a niveles inconmensurables y a una violencia extrema que ya dejó saldos trágicos, como en Nochixtlán, Oaxaca.

Es necesario que el Congreso –puntualizó- sea sensible al hecho de que está reforma, por la falta de diálogo en su creación y la rigidez en su aplicación, genera más problemas que los que resuelve.

En consecuencia, debe convocar a las partes a un diálogo real y a la redacción conjunta para un nuevo Sistema Educativo Nacional de calidad y sin violencia.

Mientras más nos tardemos en adoptar un mecanismo como el que se propone, más abonaremos en la tensión social y política, más se profundizarán las diferencias y más se provocarán enfrentamientos estériles que comprometen la seguridad de población civil ajena al conflicto.