EL MENSAJE DE LA JORNADA ELECTORAL. “PAREN DE ROBAR”

Más que “shows” mediáticos como el desafuero de la diputada sinaloense Lucero Sánchez o la detención de líderes sindicales disidentes, lo que la ciudadanía quiere es que se dejen de saquear los recursos públicos y que se inviertan en la infraestructura y los servicios que necesitan el país y sus habitantes para salir adelante.

El Diputado Federal Julio Saldaña Morán apuntó que el mensaje principal y fundamental de la jornada electoral del pasado cinco de junio fue “paren de robar” y a ello, sin duda, debe contribuir el Poder Legislativo con las reformas que concretarán el Sistema Nacional Anticorrupción y que serán aprobadas en éste su periodo extraordinario.

El “paren de robar” –agregó- no sólo fue dirigido a los partidos en el gobierno que fueron derrotados, sino también al gobierno federal que no ha realizado los proyectos comprometidos a pesar de contar con cuantiosos recursos para ello, recursos que, sin embargo, son dilapidados o sustraídos indebidamente.

No es que el presunto uso de un documento falso por parte de una representante popular –como lo es la legisladora sinaloense- o los presuntos ilícitos cometidos por líderes sindicales –como los dirigentes de la CNTE- no sean de importancia para la sociedad y las autoridades, sino que finalmente eso de poco sirve si las mismas autoridades que los persiguen solapan a otros presuntos delincuentes.

Es el caso de la Procuraduría General de la República (PGR), y del gobierno federal que, mientras persiguen tanto a la diputada Sánchez como a los dirigentes magisteriales, por otra parte actúan a favor de personas como Humberto Moreira Valdés, ex dirigente del PRI, a quien ayudaron a sortear su reciente arresto en España.

Moreira en Coahuila, como los Duarte de Veracruz y Chihuahua, sobre-endeudó su entidad sin justificación y con documentación falsa. Además, también fue acusado de “lavar” dinero, pero la PGR y el gobierno federal no actuaron en su contra, sino incluso intercedieron a su favor en España.

El gobierno federal, además, solapa y hasta entrega miles de millones de pesos a otros “lavadores” de dinero y defraudadores fiscales, como lo ha denunciado el GPPRD.

Saldaña aclaró que, desde luego, ilícitos como los presuntamente cometidos por Lucero Sánchez y Rubén Núñez –uno de los líderes magisteriales detenidos por supuesto “lavado” de dinero- merecen la atención de la sociedad, los legisladores y las autoridades, pero finalmente lo que interesa a jefas y jefes de familia es tener trabajo e ingreso para la alimentación, educación y salud propia y de sus hijos.

“Y en esto es precisamente en lo que han fallado los gobiernos estatales y el gobierno federal que fueron derrotados en el pasado proceso electoral: no cumplieron con generar fuentes de trabajo, depreciaron las que existen y derrocharon o desviaron hacia otros fines los recursos destinados a inversión, los desviaron por corrupción”, dijo el parlamentario veracruzano.

Puso de ejemplo Coahuila y su entidad. En ambos casos, no hay obra alguna donde se reflejen los cuantiosos presupuestos ni mucho menos su enorme sobre endeudamiento. Mientras, miles de humildes comunidades y millones de sus habitantes siguen sin las obras para servicios básicos que reclaman desde hace décadas aun cuando se presupuestaron y entregaron cuantiosos recursos para ello.

El diputado perredista convocó al Congreso de la Unión a no ser indiferente al “paren de robar” ciudadano –como lo exige también la comunidad internacional a través de sus medios de comunicación- y aprobar las leyes que den lugar a un sistema nacional anticorrupción realmente efectivo, no a una simulación más.

En este sentido, llamó rediseñar las instituciones en materia de transparencia y rendición de cuentas para un control estricto de la hacienda pública, a aprobar la extinción de dominio contra servidores públicos cuyo enriquecimiento sea ilícito, a fortalecer las facultades de la Auditoría Superior de la Federación y otros entes fiscalizadores, a rediseñar los tiempos de presentación y fiscalización de la Cuenta Pública, a institucionalizar el Servicio Civil de Carrera, a atenuar el régimen presidencialista y a crear una nueva Ley de Responsabilidades Administrativas.