URGEN PROGRAMAS SOCIALES PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

Es necesario incluir a quienes viven en situación de calle en los programas sociales del gobierno de la Ciudad de México (CDMX), y promover una cultura de aceptación para que la sociedad no los discrimine.

Los Diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), aprobaron un punto de acuerdo propuesto por el coordinador parlamentario del PRI, Israel Betanzos Cortes.

Se exhorta al secretario de Desarrollo Social, José Ramón Amieva Gálvez, y al director del Instituto de Asistencia e Integración Social de la ciudad, Rigoberto Ávila Ordoñez, para que realicen las acciones necesarias a efecto de elaborar un diagnóstico actualizado de la población en situación de calle, en estricto apego a sus derechos humanos.

El coordinador priísta conminó a dependencia del gobierno local a que agilicen la entrega de actas de nacimiento a personas en situación de calle, como la base para su debida identificación, de manera que se les garantice el derecho a la identidad.

Expuso que la calle se ha convertido en una alternativa de vida y de libertad para muchos individuos, aunque eso signifique dejar de existir legalmente porque muchos de ellos no cuentan con documentos que les den una identidad.

Señaló que a pesar de la cantidad de programas sociales implementados por el gobierno de la ciudad, para hacer frente a la desigualdad, se ha marginado a este sector de sus beneficios, debido que no cuentan con la documentación establecida para el otorgamiento de los programas.

Sin embargo, consideró que tal situación no debe ser factor que impida que las personas en situación de calle no tengan derecho a esos programas del gobierno local.

La industria de la construcción de vivienda de interés social y popular utilizó la Norma 26 para lucrar de manera ilegal

Necesario impulsar nuevas políticas públicas para evitar que más de un millón de capitalinos emigren hacia la periferia

En el Distrito Federal es posible atender la demanda de más de 200 mil familias en espera de una vivienda a costos accesibles como los que ofrece el Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI), que van de 170 a 256 mil pesos, expresó la diputada Ana Juana Ángeles Valencia.

La legisladora demandó al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, impulsar políticas públicas necesarias para combatir la corrupción que prevalece en las constructoras de vivienda de interés social y popular.

“Se deben impulsar mejores políticas públicas a favor de la vivienda en la ciudad de México y evitar que más de un millón de personas emigren hacia la periferia anualmente”, expresó la diputada de Morena.

Destacó que ante la incapacidad del INVI para cubrir la demanda de vivienda porque sólo aporta 66 mil viviendas, los desarrolladores que construyen 26 mil al año, las venden a costos onerosos aprovechando la necesidad de los capitalinos por adquirir una casa.

Argumentó que los desarrolladores se beneficiaron de la Norma 26, debido a que construyeron a bajos costos y ofertaron una vivienda de 46 metros cuadrados en un rango de 760 mil a un millón 200 mil pesos, dependiendo la zona, acabados, cajones de estacionamiento y calidad de accesorios en baños y cocinas.

Explicó que unos cuantos desarrolladores dominan el mercado y controlan las normas de construcción, de ahí que éstos fijen dimensiones, acabados, niveles y número de viviendas en una pequeña extensión de terreno y sin duda alguna, proceden bajo el diseño de oligopolios.

Explicó que las prerrogativas otorgadas a estos empresarios generan encarecimiento y escasez de vivienda en la Ciudad de México, en ese sentido, exigió al gobierno capitalino quitarles las canonjías otorgadas por servidores públicos deshonestos.

Argumentó que dado su estatus de inmunidad, los desarrolladores de vivienda ejercen poder de mercado provocando efectos negativos para los consumidores de vivienda entre los que se cuentan: precios más altos, niveles de calidad bajos y migración a lugares lejanos de actividades productivas.