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México, expuesto a escrutinio internacional

Durante la conferencia magistral “La situación de los derechos humanos y la respuesta de la sociedad organizada en México”, que ofreció en la UNAM, Álvarez Icaza explicó que en 2015 se presentaron a la CIDH mil 164 peticiones de los 35 Estados miembro, y de éstas, 849 fueron de México.

Asimismo, indicó que las imputaciones formuladas tienen tres procedencias, la sociedad civil, abogados litigantes y personas en lo individual.

México tiene el sistema más robusto de instituciones públicas en materia de garantías individuales del Continente, pero tiene el desafío de aplicar una política pública de derechos humanos a nivel federal, estatal y municipal. El país tienen 32 organismos públicos y una institución nacional en el rubro.

Refirió que en los últimos tres lustros el país ha estado expuesto a un escrutinio internacional en el renglón, pero reconoció que si bien hay avances, algunas entidades no han modificado sus leyes y en los municipios el panorama es peor.

Aseveró que “hoy la sociedad encara la exigencia de presentar pruebas de todo lo aseverado; ya no basta confinar el hecho, ahora esos indicios deben remplazar el discurso, lo que demuestra la importancia de la evidencia científica como sustento de la investigación de la justicia”.

En un informe elaborado después de que siete integrantes de la CIDH visitaran México el organismo destacó las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, la inseguridad ciudadana y la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos como las principales violaciones.

Citando cifras oficiales, el reporte ubicó en 26 mil 798 la cantidad de personas desaparecidas en todo el país. También apuntó que la Procuraduría General de la República (PGR) investigaba dos mil 420 denuncias de tortura en abril de 2016 pero que sólo hubo 15 sentencias condenatorias por ese delito a nivel federal.

La desaparición de 43 estudiantes a manos de la policía en septiembre de 2014 en el estado de Guerrero sigue como un "ejemplo emblemático de la aparente colusión” entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado y "una muestra de la impunidad estructural y casi absoluta en la que suelen quedar estos graves crímenes".

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