URGE PLAN NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS.

La crisis de desapariciones forzadas en México cobró notoriedad internacional hace 19 meses con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sin que a la fecha se tengan certezas del caso, exigieron los diputados Araceli Damián, Sergio René Cancino, Emiliano Álvarez, Roberto Guzmán y Juan Romero.

El Plan Nacional de Búsqueda propone se incluya una estrategia integral en la que las autoridades actúen dentro de las primeras 24 horas a partir de que se tiene conocimiento de la desaparición, independientemente de que exista una denuncia formal.

Ante la incapacidad de las autoridades de seguridad y justicia para disminuir la oleada de violencia que azota a nuestro país, en particular el incremento la desaparición forzada de personas, es urgente que el Gobierno Federal ponga en marcha, de manera inmediata, un Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena precisaron que el objetivo del Plan es encontrar con vida a la persona desaparecida, pero que en caso de que no fuera posible, entonces entregar el cadáver a sus familiares, para que puedan realizar su duelo según sus costumbres y creencias.

A través de un Punto de Acuerdo, señalaron que el Plan deberá tener una estrategia integral, interinstitucional y multidisciplinaria, en la que participen –entre otros servidores públicos– criminalistas, jueces, fiscales y policías municipales, estatales y federales, así como organizaciones sociales.

Los legisladores de Morena aseveraron que México atraviesa por la crisis más grave de su historia en materia de derechos humanos, y que la desaparición forzada de personas es su máxima expresión al no ser un problema exclusivo de un estado, sino en todo el territorio nacional.

Detallaron que el problema de las desapariciones forzadas en México cobró notoriedad a partir de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero, fueron atacados, privados de su libertad y posteriormente desaparecidos, sin que a la fecha se tenga certeza de lo ocurrido.

“Este hecho puso en evidencia la magnitud del problema y enfatizó que debe tomarse una política de Estado para enfrentarlo. La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad imprescriptible que lastima a toda la sociedad, desarticula el tejido social y deja en estado de indefensión a las familias”, aseveraron en su documento.

Destacaron que, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), que integra los datos de personas “no localizadas” a partir de las denuncias presentadas ante autoridades ministeriales, establece que a la fecha existen 941 personas registradas a nivel federal, mientras que en las entidades federativas hay 27 mil 215 registro. Es decir, un total de 28 mil 156 personas desaparecidas, cifra que sigue incrementándose.

“De inmediato, pero en todo caso, a más tardar dentro de las primeras 24 horas a partir de que se tiene conocimiento de la desaparición, las autoridades deben solicitar a autoridades y particulares la preservación de toda la información que ayude a documentar el caso”, propusieron.

Dijeron que primero fue la guerra sucia y no se hizo nada para esclarecer las casi 3 mil desapariciones que la sociedad tiene registradas, y que ahora está el caso Ayotzinapa como una herida abierta en la conciencia colectiva y un país con más de 28 mil hombres y mujeres desaparecidos.