GIEI RECOMIENDA LEYES DE DESAPARICIÓN FORZADA, TORTURA Y PARA SISTEMA PENAL

Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), hicieron recomendaciones y observaciones para las leyes que discutirán en materia de desaparición forzada, tortura y las reformas al sistema de justicia penal.

Los expertos se reunieron con senadores de la República y Carlos Beristain explicó que en el informe se encontrarán las dificultades a las que el GIEI se enfrentó.

También habrá información que se debe buscar y “a la que nosotros no pudimos llegar por diferentes razones”; de ahí, que pedimos a la Procuraduría General de la República (PGR), que dé nuevos pasos en la investigación para el esclarecimiento de esos hechos.

Dijo que el de la desaparición forzada no es problema de un sexenio o de un gobierno, sino que esta problemática va a tener un impacto a mediano plazo, en unos 15 ó 20 años en México.

“No se van a acabar desgraciadamente por el impacto que estamos viviendo, que sigue teniendo ese fenómeno y no hay que perder esa perspectiva”, recomendó.

Dejó en claro que las medidas cautelares a favor de las víctimas y sus familiares no se cancelan o terminan con el final del mandato del GIEI. Sí termina nuestro mandato el día 30, pero las medidas cautelares siguen vigentes, precisó.

Mencionó que se debe crear un mecanismo de seguimiento a esas medidas cautelares y que contribuya a mantener espacios de confianza que se han logrado entre gobierno y víctimas, pues el caso va a seguir abierto durante mucho tiempo “y va a perseguir a México durante mucho tiempo”, por lo que es fundamental que los familiares puedan tener una respuesta.

En su turno, Francisco Cox dijo que el caso de Ayotzinapa ha dado la oportunidad de revisar el sistema penal mexicano en su funcionamiento, el cual al ser inquisitivo y escriturado contribuye a la dificultad de manejar la información que se va acumulando, además de contar con excesivos formalismos y la duplicidad de documentación en expedientes que tienen entre 500 y 1000 fojas.

Celebró que se ponga en marcha el sistema acusatorio en el proceso penal mexicano; sin embargo, llama la atención que los delitos de delincuencia organizada se mantengan en el sistema antiguo, pues ello crea un estado de excepción permanente respecto de ese tipo de delitos.

Asimismo, destacó la necesidad de que los servicios periciales no sigan dependiendo de la PGR, ya que es fundamental contar con un órgano independiente que pueda reafirmar o refutar la teoría de un caso.

Otro de los beneficios del sistema acusatorio es que se evitará que cualquiera de las dos partes filtren piezas del expediente que le convienen y por lo tanto generen una percepción de un determinado caso.

Claudia Paz y Paz manifestó que el Senado está a las puertas de aprobar nueva legislación en materia de desaparición forzada, tortura y de justicia penal, por lo que “compartir nuestros hallazgos, nuestras recomendaciones, es fundamental, de vital importancia” porque algunos de los obstáculos que observamos en el caso Ayotzinapa pueden traducirse en obstáculos para el sistema de justicia.

En este sentido, expresó que un sistema de justicia penal no se puede basar casi exclusivamente en la confesión de los acusados para imponer una sanción y una verdad. “Es un mecanismo perverso cuando la jurisprudencia en este caso le da un valor tan importante a las declaraciones de los imputados”.

Los ministerios públicos no necesitan presentar ninguna otra evidencia para convencer al juez, y si a esto se le suma el régimen de excepción, donde el Ministerio Público tiene poder sobre la libertad e integridad de una persona durante casi 80 días, pues la posibilidad de que se realicen apremios o torturas para obtener esa confesión, aumenta.

Preguntó si la “versión oficial” del caso Ayotzinapa habría “llegado hasta donde llegó” si se hubiera presentado a los cinco imputados, que declararon sobre esta versión, ante un juez en las siguientes 24 ó 48 horas del suceso y verificara si sufrieron tortura.

Entonces sí es necesario cambiar la valoración que se le da en el sistema de justicia penal mexicano a las declaraciones de los imputados.

Ángela Buitrago dijo que las víctimas en este caso tienen dos problemas muy graves en la investigación, ya que por un lado padece n fenómeno de incertidumbre frente a la inexistencia de verdad, y por otro, sufre la pérdida efectiva en la desaparición de sus hijos, de los fallecidos y de los lesionados.

El grupo, subrayó, está notablemente preocupado por la situación de las víctimas, pues cuando vemos su realidad analizamos que han sido objeto de un proceso de desconocimiento en términos generales porque no se les ha incorporado a la investigación, además de que se han obviado reglas internacionales que son muy importantes.

Por esta razón, dijo, hemos recomendado que se tomen las medidas necesarias y que sean los grupos sociales, inclusive políticos o judiciales, que puedan acompañar a las víctimas para que se les garanticen sus derechos y se les acompañe en un proceso de restablecimiento y restauración al que tienen derecho. No es una dádiva del Estado, apuntó

Alejandro Valencia afirmó que el caso de Ayotzinapa no es aislado y esporádico en materia de desaparición forzada. Se habla más o menos de 27 mil desaparecidos en México, y desafortunadamente parece ser una violación de derechos humanos en alza, advirtió.