QUEDAN IMPUNES LOS DELITOS (primera parte)

A nueve años de ocurridos y denunciados, siguen impunes los decesos de unos 20 de 500 pacientes del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez (INNN). Las autoridades judiciales han soslayado ese hecho a pesar de que configuran los delitos de lesa humanidad y tortura médica.

Murieron porque inmoral e ilegalmente y sin la pericia necesaria, les implantaron en el cerebro un dispositivo experimental para atacar la hidrocefalia, patentado irregularmente por el doctor Julio Everardo Sotelo Morales, entonces director de dicha institución, quien ordenó el procedimiento funesto.

El atropello fue denunciado en el año 2006 por un grupo de médicos ante la opinión pública y la comunidad científica nacional e internacional, y ante la Procuraduría General de la República, con copia a la Secretaría de la Función Pública, por la abogada María de Lourdes (Marilú) Walkup Mentado el 24 de marzo del mismo año. Luego moriría.

El caso se desempolvó el pasado 30 de febrero, en reunión de los deudos de Marilú para recordar que ese día ella cumpliría 57 años de edad, según informaron al doctor Rodolfo Ondarza Rovira, neurocirujano por la UNAM y doctorado en neurociencias, con subespecialidad en neurocirugía de invasión mínima mediante estudios de posgrado tanto en México, como en Japón, Alemania y EE UU, a quien recurrieron tardíamente.

Ondarza Rovira encabezó al grupo de galenos que denunció esa experimentación inmoral ideada por Sotelo Morales, quien ordenó a médicos residentes -aún estudiantes-, hacerla aunque no tenían la alta especialización necesaria para esas delicadas intervenciones quirúrgicas. Lo peor: no fueron supervisadas por médico adscrito, como es obligado.

Explica que al usar seres humanos como “conejillos de indias”, Sotelo Morales imitó a Josef Mengele, quien durante la segunda guerra mundial lo hizo con judíos, y a la corporación estadounidense que inoculó sífilis a cientos de indígenas y presidiarios en Guatemala, dizque para “hallarle remedio al mal”.

Ondarza recuerda que cinco años después del carpetazo a esa denuncia, la red solidaria “Década contra la impunidad”, ONG que jefatura el sacerdote Raúl Vera, obispo de Saltillo, llevó el asunto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El clérigo solicitó a la CIDH aplicar la figura per saltum -poner el expediente arriba de todos los anteriores-, e investigación en el sitio de los hechos. Incluiría auditoría al INNN para determinar cuántas personas fueron sometidas a dicha operación, cuántas han fallecido en total, y valoración del estado de salud de las sobrevivientes.

“El mexicano va a presidio y muere por ser pobre” –refiere Ondarza Rovira, visiblemente irritado. “A eso se debe que se haya realizado y siga impune el ilegal experimento de Sotelo Morales, reprobado por él mismo y por sus pares nacionales y extranjeros que deben revisar los escritos, para aceptar o negar su publicación.”