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CDHDF ONVESTIGA FALLAS EN SEGURIDAD, PRIVILEGIOS Y CORRUPCION EN RECLUSORIOS

  • 18 abr 2016
  • 2 min de lectura

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), inició una investigación de oficio en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente (RPO), donde hay privilegios y concesiones al margen de la ley, que permiten el ingreso de equipo de comunicación y telefonía, así como objetos y sustancias prohibidas.

En esta investigación se suma a las que ya se encuentran en curso por el ingreso de diversas armas, incluso de fuego, que ponen en riesgo la integridad psicofísica de las personas privadas de libertad y la seguridad de las instituciones, fallas que ya han provocado hechos lamentables como la muerte de personas.

Durante el presente año, las y los Visitadores de la Segunda Visitaduría General han realizado visitas de verificación en los centros de reclusión, observando diversas situaciones que han sido comunicadas a las autoridades penitenciarias, a fin de que sean atendidas y así garantizar la finalidad de la pena privativa de libertad.

Asimismo, se han mantenido reuniones de trabajo interinstitucionales en el marco del fortalecimiento de la agenda penitenciaria de la Ciudad con perspectiva de derechos humanos.

Desde su creación, la CDHDF ha emitido un total de 65 Recomendaciones vinculadas con el ámbito penitenciario. Si bien todas las Recomendaciones han sido aceptadas, ya sea de manera total o parcial, solamente se han cumplido 32 (49.23%) y actualmente se encuentran sujetas a seguimiento un total de 33 (50.77%), destacando que la Recomendación más antigua sujeta a seguimiento, la 16/1995, justamente está vinculada con el ámbito penitenciario.

Con la emisión de Recomendaciones, esta Comisión busca incidir en la solución integral de la problemática que afecta la dinámica de la vida en los centros de reclusión.

La CDHDF exhorta a las autoridades a atender la problemática que aqueja a los reclusorios de la Ciudad de México y garantizar que prevalezca un sistema de seguridad efectivo, sin afectar los derechos humanos de las personas privadas de libertad, de las y los servidores públicos que laboran en éstas y de las y los visitantes.

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