TRANSPARENCIA DEBE SERVIR PARA FORTALECER LA DEMOCRACIA Y EL ESTADO DE DERECHO

El propósito es instrumentar mecanismos para transparentar el trabajo de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México (ALCDMX), de los Órganos Políticos Administrativos y de los programas sociales.

Dunia Ludlow destacó que se busca fortalecer y ampliar las obligaciones que los Entes Obligados deberán cumplir con las disposiciones que estarán vigentes a partir del próximo siete de mayo.

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Asamblea Legislativa capitalina propondrá reformas a la Ley de Transparencia y Acceso ala Información Pública del Distrito Federal, con el propósito de instrumentar mecanismos para transparentar el trabajo de la Asamblea Legislativa, de los Órganos Políticos Administrativos -que sustituirán a las delegaciones políticas- y de los programas sociales.

En conferencia de prensa, los integrantes del grupo parlamentario aseguraron que en el PRI se considera que la transparencia debe servir para fortalecer la democracia y el Estado de derecho.

En el PRI, manifestaron, estamos dispuestos a desterrar la opacidad, impulsar la transparencia y construir una nueva etapa de participación ciudadana y una verdadera rendición de cuentas.

Acompañada por el coordinador del GP-PRI, Israel Betanzos Cortes, la diputada Dunia Ludlow Deloya precisó que entre las obligaciones de la Asamblea Legislativa destacan presentar y hacer pública las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de los legisladores; elaborar, con carácter de obligatorio, un informe presupuestal sobre el destino de los recursos ejercidos por los órganos de gobierno y trabajo legislativo, y hacer públicas las actas y los acuerdos de la Comisión Gobierno y de los grupos parlamentarios.

En cuanto a los deberes de los Órganos Políticos Administrativos, la legisladora mencionó que la propuesta enfatiza el principio de máxima publicidad en las licitaciones y asignación de contratos, certificaciones de uso de suelo y expedición de licencias para ejecutar obras de construcción, ampliación, reparación o demolición de edificaciones, así como las manifestaciones de impacto ambiental, que en relación a construcciones y establecimientos soliciten los particulares.

Dijo que los órganos que sustituirán a las delegaciones deberán ser nítidos respecto al presupuesto y aplicación de programas de apoyo a la mujer, vivienda, seguridad pública, de obras para el abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje y alcantarillado, entre otros.

Respecto a los programas sociales, la legisladora enfatizó que ha sido una demanda del PRI y de la sociedad transparentarse y hacerlos eficientes, y se han pronunciado en contra del uso clientelar y proselitista que han tenido en la Ciudad de México.

"Por ello propondremos transparentar el presupuesto y los criterios de ejecución de los programas sociales, especificando anualmente las estrategias para alcanzar sus objetivos; que los capitalinos puedan consultar qué se recibe, cuánto y cuál es el destino de los recursos recibidos".

Ludlow Deloya destacó que la propuesta del PRI buscar fortalecer y ampliar las obligaciones que tanto la Asamblea Legislativa como los otros Entes Obligados deberán cumplir con las disposiciones que estarán vigentes a partir del próximo 7 de mayo del presente año.

En su oportunidad, el coordinador del grupo parlamentario, Israel Betanzos Cortes, recordó que uno de los compromisos del presidente Enrique Peña Nieto fue impulsar los acuerdos necesarios para fortalecer y ampliar la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

Refirió que, en este contexto, la reforma constitucional del año 2014 estableció que toda la información en posesión de cualquier autoridad, fideicomisos, partidos políticos, sindicatos y personas físicas que ejerzan recursos del erario, debe ser pública.

Mencionó que, con la promulgación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el año pasado, se creó el Sistema Nacional de Transparencia con lo que los entes públicos deben mantener actualizada su información en medios electrónicos, se implementaron 15 nuevas causas de sanción para los servidores públicos y se ampliaron los mecanismos de participación ciudadana.