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GENERAR OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO DEL PAÍS

14 abr 2016
3 min de lectura

A pesar de que de cada peso se destinan 57 centavos al desarrollo social, los resultados en salud y educación no son favorables, y Fonatur, Sagarpa y Conasami son ejemplos del manejo inadecuado de los recursos.

La diputada del Grupo Parlamentario del PRD y secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Maricela Contreras Julián urgió a que se realice un ejercicio adecuado de los recursos públicos, que genere oportunidades de crecimiento en nuestro país.

En el marco de la segunda reunión con los representantes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal Martínez –auditor de la Federación-- y Alejandro Romero Gudiño --titular de la Unidad de Evaluación y Control--, Contreras Julián cuestionó los gastos realizados en materia económica y de desarrollo y los escasos resultados en muchos de ellos.

Tal es el caso de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), cuya única labor es fijar los niveles de salario mínimo y que, de acuerdo con el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 (IRFSCP), no utiliza para ello una metodología adecuada: “Es una instancia que hace su trabajo con recursos públicos y los ejerce de manera inadecuada.

La auditoría nos dice que no hay elementos que permitan determinar que la proyección del salario mínimo determinada por la comisión corresponde a las necesidades de la población”, expresó.

Acusó que el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) parece estar destinado a desarrollos inmobiliarios más que al impulso turístico del país. Destacó que existe un subejercicio de 179.5 millones de pesos en los contratos para obras de un desarrollo planeado en Nayarit que, además, tenía fecha de terminación para 2013 y hasta la fecha aún no se han concluido las obras ni el contrato.

En la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, expresó Maricela Contreras, “se detectó un daño al erario público”, sobre todo en relación a la inconsistencias en el manejo de los padrones de beneficiarios, “lo que deja en duda sobre el destino de los recursos y si efectivamente llegaron a las personas.”

Agregó que “la función de desarrollo social en nuestro país tendría que estar encaminada a abatir la desigualdad, a acortar las inequidades y la pobreza… Tener más de 53 millones de personas en pobreza es algo que lacera al país y que esa gran concentración de los recursos hace que seamos una nación completamente desigual”.

Expresó que, pese a que de cada peso del gasto público se destinan 57 centavos, y los recursos son realmente amplios, los resultados no son favorables, ni en materia educativa, ni en salud.

“El rezago en cobertura, el escaso acceso para personas con bajos recursos y mínimos niveles de educación en sectores marginados. Quienes nos hemos dedicado desde siempre a la educación pública encontramos que este es un tema realmente alarmante en las zonas rurales”, sostuvo.

“A pesar de que existen muchos programas como las becas contra el abandono escolar, el programa de inclusión, la transición digital, creo que esto no cuenta con indicadores correctos para la medición de la efectividad”, agregó.

Maricela Contreras dijo que este factor incluye en que el 51% de los niños que terminan la educación básica no hace más que operaciones sencillas.

Esto se replica en el caso de salud, con el Seguro Popular: “En el Informe se menciona que 13 estados no comprobaron debidamente los recursos en obras de infraestructura; también se precisa que se ocupa este recurso para la contratación de personal y no se destina para insumos o servicios médicos”, manifestó.

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