CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DE LA CDMX OMISA Y SIMULADORA

El grupo parlamentario de MORENA criticó las serias omisiones cometidas por el contralor general del Gobierno de la Ciudad de México, Eduardo Rovelo Pico, y lo acusó de ser un simulador que ha solapado y justificado ilegalidades de servidores públicos que hoy son legisladores.

Durante la comparecencia del contralor general del gobierno local ante el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el diputado Darío Carrasco Aguilar señaló la omisiones del contralor general ante el despliegue de programas sociales por parte el gobierno central durante el pasado proceso electoral, en el que se entregaron miles de tinacos en las colonias más pobres, aunque no tengan agua, y tarjetas como “Por Ti” entregadas por el entonces jefe delegacional en Coyoacán.

El legislador acusó a Rovelo Pico de servir al gobierno local y no a los ciudadanos, como es su obligación, y reveló que ante el próximo proceso electoral del Constituyente, la delegación Coyoacán tiene un presupuesto de 55 millones de pesos para repartir las tarjetas “A tu Lado”, similares a las mencionadas, con objetivos claramente clientelares.

Carrasco Aguilar dijo que no esperan mucho del contralor general ante éste y otros casos que seguramente irán apareciendo en las próximas semanas.

Y volvió a acusarlo de omisiones graves por no intervenir en el contrato que la Secretaría de Seguridad Pública local celebró con la empresa Autotraffic, como parte de la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Tránsito, rechazado por los automovilistas y que obligó al Jefe de Gobierno a declarar que sería revisado.

Para el GPMORENA, reiteró, es inadmisible que un particular asuma la importante función de levantar multas e imponer sanciones que por naturaleza intrínseca le corresponden al poder público. Sin embargo, hasta el momento sigue vigente ante la complacencia de la Contraloría General del gobierno de la Ciudad de México.

Darío Carrasco propuso dotar de una auténtica autonomía al actual órgano de control del gobierno de la ciudad, que sustituya el esquema vigente que permite al Jefe de Gobierno designar y destituir, a discreción, al titular de la Contraloría, lo que impide una efectiva rendición de cuentas.

Afirmó que muy lejos quedó la aspiración de Miguel Ángel Mancera que señalaba que su gobierno sería “un gobierno humanista, veraz, honrado, transparente, democrático y unido al pueblo". La realidad nos dice lo contrario, y nos exige a los representantes populares fortalecer los mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas que resulten necesarios para que se corrijan las desviaciones, que son tan costosas para la ciudadanía.

El legislador preguntó si se hay procesos administrativos o penales contra los tres servidores públicos que renunciaron por corrupción: el ex Oficial Mayor del gobierno, el ex secretario de Obras y Servicios y la titular de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal.

Por su parte, el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera aseguró que la función de la Contraloría, “no es precisamente la de andar persiguiendo sino previniendo”, por lo que cuestionó al funcionario respecto a las acciones que ha tomado la institución para sancionar las quejas de obras irregulares, cambios de uso de suelo, privatización del espacio público a favor de particulares y si se ha implementado una estrategia interinstitucional que permita revertir los daños ocasionados por el mal uso de las normas de desarrollo urbano de la capital.

Respecto al proceso Constituyente, el legislador de MORENA solicitó al Contralor General, indicara las acciones preventivas que impulsará para garantizar la limpieza del proceso electoral, ya que aseguró, “se han detectado algunas acciones que se perfilan para ensombrecer un proceso que tiene que ser impecable”.

Asimismo, solicitó información sobre la comparecencia ante el Ministerio Público de funcionarios del Invea, específicamente de Iker Llanos, Miriam Beatriz Apartado y Jonathan Solay y el estado en el que se encuentra la denuncia presentada el 3 de septiembre de 2015, en contra de la Oficialía Mayor de la Ciudad de México, en relación a la licitación pública OMDGRM56004-15 para la adquisición de 154 camiones recolectores de basura.