PRESIONES INTERNACIONALES PRETENDEN SUPEDITAR EL DERECHO DE LOS INFANTES

El Senado de la República enfrenta el reto de que la nueva Ley de la Familia conjunte el interés superior de la niñez y el respeto a derechos consagrados en los artículos 1º y 4º de la Constitución Política, como la prohibición de la discriminación por género, religión y preferencias sexuales, y la decisión de tener los hijos que se desee.

La presidenta de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, Senadora por el PRI, Lisbeth Hernández Lecona, pidió a sus homólogos conocer opiniones de académicos y especialistas en la materia.

Estas opiniones, acotó, se tomarán en cuenta por parte de los legisladores, siempre y cuando se respete la Carta Magna en cuanto a los preceptos de derechos humanos, una cultura de valores para proteger a la infancia, se eviten matrimonios en edades tempranas y se cumpla la garantía de vivir en familia.

El artículo primero constitucional prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, por género, edad, discapacidad, condición social y de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

En tanto el artículo cuarto constitucional apunta que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se cumplirá el principio del interés superior de la niñez, con garantía plena a sus derechos: acceso a la alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Establece, además, que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos, y los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

Jorge Adame, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, al presentar la conferencia “La Familia y el matrimonio”, estableció que el Congreso está en la oportunidad de concretar una legislación amplia que recupere el matrimonio como una decisión libre de los cónyuges y con los fines y estabilidad que ellos quieran.

Esto implica, apuntó, que se reforme el Código Civil federal y los códigos estatales, pues la nueva ley habrá de prever la diversidad de matrimonios que se pueden dar, como son los de extranjeros, “es la ocasión para hacer una legislación inteligente y amplia, para que sean los contrayentes quienes definan por qué se casan, recuperándose así el origen del vínculo matrimonial”.

Norma Mendoza, catedrática de la Universidad Panamericana, al presentar la conferencia “La familia ante el derecho internacional y la política de género”, advirtió que hay que tener cuidado de que la nueva legislación no acepte presiones de organismos internacionales para cambiar el concepto de familia.

También advirtió que se generan presiones para responder a intereses que buscan se permita el matrimonio a una menor edad; y que se considere como un derecho tener relaciones sexuales en etapas de la niñez y adolescencia, cuando no existe aún un pleno desarrollo emocional, entre otros aspectos que van en contra del interés superior de la niñez.

Anotó que este debate se realiza de forma intensa dentro de la misma Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde incluso ha surgido un movimiento familiar que va en contra de presiones internacionales que pretenden supeditar el derecho de los infantes a contar con un núcleo familiar que les dé verdaderas garantías de un desarrollo sano y pleno.