CREACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE GARANTÍAS

A nombre propio y de diversas senadoras del PRI y PVEM, la senadora Hilda Esthela Flores Escalera, propuso crear el Registro Público de Garantías, dentro del portal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a fin de que los consumidores tengan información clara y precisa sobre las características y condiciones de garantía, previo a la adquisición de un producto.

Esta modificación a la Ley Federal de Protección al Consumidor, no deslinda a los proveedores de la obligación establecida la propia ley, respecto a la emisión de una póliza de garantía por escrito, en favor del adquiriente, sino que busca facilitar al consumidor un nuevo medio de consulta de dicho documento.

Los proveedores que emitan garantías de sus productos o servicios deberán registrarlas en el Registro Público de Garantías, previa aprobación, por parte de la Procuraduría, de las condiciones contenidas en la garantía, precisó la legisladora priista.

La senadora Hila Esthela Flores subrayó que la Profeco verá facilitada su tarea de regulación, pues contará con un registro electrónico de garantías, en donde cada proveedor hará llegar las condiciones de la garantía a este órgano regulador, quien en su registro otorgará un número de identificación electrónica que se establecerá en el producto o su etiquetado.

Además, dijo, se reducirán las tareas de campo para la supervisión del cumplimiento de las normas, por parte de la Procuraduría y se transita hacia un esquema de autorregulación, en el que los proveedores harán llegar a la Procuraduría las condiciones a registrar.

Esta práctica, agregó, se realiza de manera voluntaria por parte de diversos proveedores que en su portal cuentan con la exhibición de las condiciones de la garantía a disposición y consulta de los clientes tanto actuales como futuros.

De aprobarse la propuesta, señaló, se beneficiará al consumidor, porque tendrá a la mano una herramienta más para elegir entre la diversidad del productos presentes el mercado, y también generará proveedores más competitivos, al poner a los consumidores las condiciones de servicio post-venta lo que en la práctica se traduce en beneficio al mercado.

Se resguarda al consumidor por medio de la mejora de servicios y no mediante una protección estatal burocrática o procesal en la tutela de derechos en la relación consumidor-proveedor, subrayó.