LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS ES PROMOTORA DE CORRUPCIÓN

Con la Ley de Obras Públicas y Servicios, se fomenta el cáncer de la corrupción y la malversación de recursos para desgracia de la sociedad, lo que se podría agravar con la actual devaluación del peso frente al dólar, pues ahora el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICDMX), se encarecerán más por este simple hecho.

El Diputado Rafael Hernández Soriano, dijo que dicho ordenamiento contraviene incluso a la Constitución, pues hace a un lado la licitación pública como mecanismo preferente para la realización de Obras, así como de la compra de bienes y servicios por parte del gobierno al establecer “excepciones” que, mediante diversas artimañas, se convierten en el instrumento predilecto de los funcionarios para favorecer a amigos, socios o cómplices.

El artículo 134 de la Carta Magna —recordó el legislador de la fracción parlamentaria del PRD— establece que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, servicio y las Obras Públicas serán mediante licitación, convocatoria y fallos públicos a fin de asegurar al Estado el mejor precio, calidad, financiamiento, oportunidad y otros beneficios.

Sin embargo, los artículos 41 y 42 contenidos en el Capítulo Tercero (“De las Excepciones a la Licitación Pública”) de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas establece casos de excepción frente a la licitación y dan lugar a las “invitaciones” y a las “adjudicaciones directas”.

De acuerdo con las fracciones V y VII del 42, las “invitaciones a cuando menos tres personas” o “adjudicación directa” es opción de los funcionarios cuando el tiempo apremie ante casos fortuitos o de fuerza mayor o cuando se haya declarado desierta una licitación pública.

Para Hernández Soriano, integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, esto no es otra cosa que poner en bandeja de plata a los funcionarios los pretextos para que dolosamente dejen pasar el tiempo o declaren desierta una licitación a fin encuadrarse en los supuestos previstos, elijan a las tres personas que quieran, se coludan con ellos para favorecer a una y le cobren el respectivo “diezmo”.

“Como el favorecido no sacrificará su ganancia para darle su parte al o a los funcionarios en cuestión, sino el precio o la calidad del bien, servicio u Obra Pública, finalmente los esquilmados son los contribuyentes y la sociedad entera, pues además de obtener caro y de mala calidad, se cancelan proyectos futuros por el desvío de recursos”, señaló el legislador perredista.

Apuntó que es por este tipo de leyes y prácticas, México —considerado uno de los países más corruptos del mundo— pierde al año el equivalente al nueve por ciento de su Producto Interno Bruto.

Aclaró que no se trata de una “cultura generalizada de la corrupción”, sino de un diseño institucional para favorecer a unos cuantos.

“En cualquier caso, el fenómeno de la corrupción representa un cáncer. Disminuye el crecimiento económico, genera pobreza y desigualdad, se nutre de la impunidad al tiempo que la promueve y, en no pocos casos, es un precursor del crimen organizado y la violencia”, puntualizó.

El legislador perredista alertó sobre los riesgos de seguir con la aplicación esta ley a los grandes proyectos que todavía le sobreviven a la actual administración —como el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México— y en el marco de la actual situación económica nacional e internacional.

Apuntó que, por ejemplo, la opacidad envuelve al proyecto de la nueva terminal aérea por varias razones, entre ellas, la falta de información sobre la invitación a ocho despachos de arquitectos, los criterios para la selección del ganador y sobre las licitaciones posteriores para la construcción y concreción de la obra.

Lo único que se sabe es que su costo calculado originalmente en 169 mil millones de pesos ya se incrementó porque de cuando se anunció a la fecha el dólar ya se encareció más de 40 por ciento y muchos de los bienes y servicios que requiere, como la deuda para cubrir el 42 por ciento de su financiamiento, son adquiridos con la moneda estadounidense.

Así, la aplicación de una ley pro corrupción en un entorno económico nacional e internacional adverso no haría sino multiplicar los daños para la hacienda pública, por lo que el diputado federal Hernández Soriano propuso que sólo en el hipotético caso de que se declare desierta dos veces consecutivas una licitación pública, en lugar de sólo una; procederá la opción de “invitación” o “adjudicación” directa.

Con ello, los concursantes interesados tendrían tiempo para cumplir con los requisitos estipulados para ofrecer el mejor proyecto al mejor precio, con lo que difícilmente una licitación se declararía “desierta”.