FORTALECER EL DESARROLLO AGRARIO DE NUESTRO PAÍS

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), debe reasignar a las Instituciones Agrarias los recursos disminuidos y, a su vez, se informe las razones y criterios por las cuales se redujeron los presupuestos para el año 2016.

En el Senado de la República, el Senador Daniel Ávila Ruiz subscribió dicho punto de acuerdo de su homóloga Luisa María Calderón Hinojosa.}

Las instituciones a las que se les redujo el presupuesto fueron: Registro Agrario Nacional, 23 por ciento; Procuraduría Agraria, 15 por ciento y a los Tribunales Agrarios, en un 17 por ciento con respecto al ejercicio fiscal 2015, afectando su capacidad de brindar justicia y certidumbre jurídica a los campesinos de nuestro país.

El Senador Daniel Ávila Ruiz externó la necesidad de ajustar el presupuesto para que las instituciones encargadas del tema, puedan fortalecer el desarrollo agrario de nuestro país, mediante la defensa e impartición de justicia.

Asimismo, mencionó que el presupuesto disminuyó en un 20 por ciento con respecto a 2015, por lo que el objetivo y las metas a alcanzar se verán afectados seriamente para este sector de la población tan vulnerable.

“Ante la disminución presupuestal que tuvo el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria y los Tribunales Agrarios, difícilmente se podrán alcanzar para este año los objetivos trazados, por lo que debemos reasignar, al menos, el presupuesto con el que contaron en el ejercicio fiscal 2015”, afirmó el Senador Daniel Ávila Ruiz.

El legislador panista recordó que el impulso al desarrollo del campo mexicano ha atravesado por muchas dificultades, “hoy en día no es la excepción, el agro mexicano se encuentra en un estado de rezago que, de no atenderse, generará un conflicto social de mayor escala”. Simplemente, dijo, al 2014 había más de 20 mil juicios agrarios pendientes de resolver, de acuerdo con información de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

Finalmente, afirmó que no es posible una disminución del presupuesto a los Tribunales agrarios, a la Procuraduría Agraria, y al Registro Agrario Nacional, instituciones encargadas de la impartición de justicia agraria en todo el territorio nacional.

“La defensa de los derechos de los campesinos es importante para el fortalecimiento de la democracia y del tejido social, debemos brindar certeza jurídica a la propiedad social en México, respectivamente, cuando existe un rezago significativo en la atención de estos servicios”, precisó.

El punto de acuerdo firmado se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.