SANCIONAR DAÑOS PATRIMONIALES A TERCEROS POR OBRAS PÚBLICAS

Durante la construcción de la Línea seis del Metrobús movilidad interior de la colonia Lindavista y habitantes de la calle Latacunga resultaron afectados y tardan en incorporarse a la vialidad más de 15 minutos y más de 20 a vialidades primarias y secundarias

Así mismo se ignoraron sanciones penales por cortar árboles endémicos y palmeras protegidos dicha construcción.

La diputada Ana Juana Ángeles Valencia propuso Reformas a las Leyes de Movilidad y de Desarrollo Urbano y Vivienda donde quede estipulado el pago de daños ocasionados a patrimonios particulares por la construcción de estaciones y rutas mal planeadas de Metrobús y Metro.

En conferencia de prensa, la diputada de Morena recordó que existen sanciones penales por cortar árboles endémicos y palmeras protegidos por las leyes ambientales que en el caso de la construcción de la Línea 6 del Metrobús, que corre de Valle de Aragón a la Unidad Habitacional El Rosario, en Azcapotzalco, no se respetaron.

Expresó que se debe procurar que los componentes del sistema de movilidad cuenten con los requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir con su función, producir el menor daño ambiental, ofrecer un espacio apropiado y confortable para las personas y encontrarse en buen estado, en condiciones higiénicas, de seguridad, y con mantenimiento regular, para proporcionar una adecuada experiencia de viaje, como lo establece el artículo 7, fracción I de la Ley de Movilidad.

Acompañada por vecinos de la calle Latacunga de la colonia Lindavista enfatizó que al no consultar a los vecinos de las colonias colindantes con el trazo de la Línea 6 se violentaron los derechos ciudadanos de participación.

Mayela Noval, coordinadora del comité Ciudadano de Lindavista, María de Lourdes González, representante de manzana y Tito Omar Pacheco, señalaron que las personas con discapacidad, movilidad limitada y de la tercera edad quedaron expuestos a accidentes al no contar con señalizaciones de acceso a banquetas.

También propusieron se autoricen las vueltas a la izquierda a los automovilistas que circulan sobre Montevideo para incorporarse a la avenida Instituto Politécnico Nacional y demás calles para agilizar y disminuir el tiempo de cruce de Montevideo de sur a norte y de norte a sur.

Explicaron que de acuerdo al artículo 7, fracción IX de la Ley de Movilidad del Distrito Federal se debe establecer un sistema de movilidad basado en soluciones colectivas, que resuelva los desplazamientos de toda la población y en el que se promuevan nuevos hábitos de movilidad, a través de la aportación de todos los actores sociales, en el ámbito de sus capacidades y responsabilidades.

Señalaron que se debe garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, sin discriminación de género, edad, capacidad o condición, a costos accesibles y con información clara y oportuna, como lo refiere la fracción IV del mismo artículo.

En este sentido dijo que no sólo se atentó contra los derechos que contempla la Ley de Participación Ciudadana y ha sido omitida la soberanía que radica en los habitantes de la Ciudad de México.

Por otra parte los funcionarios que fueron electos por quienes legitiman la soberanía la han convertido en moneda de cambio para favorecer corporativamente a unos cuantos al utilizar los preceptos de utilidad pública e interés social.

Destacó que se debe impedir que la soberanía se convierta en una moneda de cambio al servicio corporativo de unos cuantos en el poder político y en el poder económico de los grandes consorcios nacionales y extranjeros a los que el gobierno capitalino rinde obediencia.

Afirmó que los ciudadanos, al no ejercer su derecho de ser consultados, se agravan los problemas de movilidad porque las autoridades que deciden desconocen a fondo la raíz de los problemas sociales.

Argumentó que en la conformación del Estado 32 de la Ciudad de México se debe contemplar en la nueva Constitución Política, la defensa de la soberanía que pertenece al pueblo como un poder absoluto y eterno, la que actualmente se adjudican los propios funcionarios que fueron electos por la ciudadanía

En ese sentido precisó que las autoridades que no consulten a los habitantes se hagan acreedores al despido y al pago de daños y perjuicios y cárcel, dependiendo la gravedad de los daños patrimoniales privados y de la ciudad capital.

La imposición de la Línea 6 del Metrobús más allá de auxiliar a 145 mil pasajeros diariamente para trasladarse de Valle de Aragón a la Unidad Habitacional de El Rosario, en Azcapotzalco, perjudicó severamente la movilidad interior de la colonia Lindavista de la delegación Gustavo A. Madero, al grado de que los habitantes de la calle Latacunga tardan en incorporarse a la vialidad más de 15 minutos y más de 20 a vialidades primarias y secundarias

Calificó de insuficientes los argumentos de utilidad pública e interés social para impulsar la construcción de la Línea 6 del Metrobús frente a lo que sustenta la Ley de Participación Ciudadana que todo ciudadano debe ser consultado y escuchado, además de tomar en cuenta sus necesidades y observaciones para finiquitar las obras públicas de utilidad pública.