SIGUE LA DESAPARICIÓN Y MUERTE DE PERSONAS Y PERIODISTAS EN VERACRUZ
Inútil la condena enérgica de la sociedad por la violencia que existe en Veracruz. Cada día aparecen más cadáveres y la misma Secretaría de Gobernación (SEGOB), informa los hechos.
Juicio Político para la destitución al Gobernador de la entidad, Javier Duarte, y proceder conforme a derecho contra él quien ha sido señalado como presunto responsable de los hechos en ese puerto jarocho.
Lamentablemente la SEGOB dio a conocer que fueron encontrados los restos de dos de los cinco jóvenes desaparecidos el pasado 11 de enero en Tierra Blanca, Veracruz.
Las diputadas y diputados del PRD en la Cámara de Diputados, lamentaron la inseguridad que existe en la localidad y denunciaron la colusión de las autoridades locales y la ineficiencia de las autoridades federales para brindar protección a las comunidades azoladas por el crimen organizado.
Exigen explicaciones claras para conocer la verdad de los hechos sucedidos en Tierra Blanca, Veracruz.
Informaron que iniciarán los procedimientos necesarios en la Cámara de Diputados para avanzar en el juicio político al gobernador Javier Duarte, cuyo gobierno ha sido evidenciado en la violación grave y sistemática de los derechos humanos y la inexistencia de un estado de derecho.
Los legisladores del GPPRD enviamos nuestras condolencias a los familiares de las víctimas, y exhortamos a las instituciones competentes a continuar con el proceso de búsqueda de los jóvenes y dar castigo ejemplar a los responsables.
Bernardo Benítez Arroniz, José Benítez de la O, Susana Tapia Garibo, Mario Arturo Orozco Sánchez y Alfredo González Díaz fueron secuestrados por policías estatales de Veracruz y entregados a la delincuencia organizada, lo cual, evidencia los alcances y el grado de infiltración de dichos grupos en las instituciones públicas.
Por ello conminamos a aumentar la revisión del sistema de seguridad local y establecer candados que eviten la entrada de los criminales en las instituciones que debieran garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.
Llamamos a las demás fuerzas políticas del país a analizar, discutir y legislar con toda seriedad, prontitud y compromiso para definir un esquema de seguridad pública que realmente garantice la protección, integridad y los derechos humanos de los mexicanos.

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