POR UNA CONSTITUCIÓN GARANTE DE DERECHOS HUMANOS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

El Jefe de la Ciudad de México (CDMX), y la Asamblea Constituyente, deben reconocer los espacios de participación de sociedad civil existentes y los aportes que desde estos se han elaborado, con mira a la construcción un marco jurídico garante de derechos humanos que no puede ser disminuidos en el proceso de elaboración de la constitución y armonización de las leyes secundarias.

La nueva Constitución para la CDMX es una oportunidad para lograr inscribir la garantía de los Derechos Humanos como principio fundamental del marco normativo, que habrá de regular la Ciudad capital. Es un momento trascendental no sólo para la historia de la Ciudad, sino para el avance en la garantía de derechos humanos.

Organizaciones Integrantes del Comité del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación señalan que en la Ciudad más grande del mundo aún existen grandes retos en el respeto de derechos humanos.

En materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales, el derecho a la vivienda es un desafío, entre 2010 y 2014 sólo el 14% de la Vivienda nueva y terminada fue financiada por el Gobierno del Distrito Federal, según datos del propio INVI en su informe 2013 al rededor del 70% de sus beneficiarios percibe más de 6 salarios mínimos, y sólo el 30% ente 1 y 5 salarios.

Esto da cuenta que la política de vivienda no está beneficiando a los sectores históricamente excluidos.

Tampoco existen datos que nos permitan saber la magnitud del ejercicio o violación del derecho a la vivienda pues ni el INVI, ni ninguna otra entidad gubernamental, cuenta con un registro sobre el número de personas sin hogar en la Ciudad.

La falencia de datos que den cuenta de la garantía de derechos es una constante en los sistemas de información.

En materia de derechos civiles y políticos, el derecho a defender derechos es otro de los grandes desafíos en la Ciudad.

La impunidad es imperante pues en los casos de agresiones contra defensores reportadas por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en su informe 2013, únicamente se ha procesado judicialmente a probables responsables en 2 ocasiones, resultando un nivel de impunidad de 98.5%

El ejercicio del derecho de igualdad y no discriminación es otro gran desafío, según datos de CONAPRED el 32% de la población en la Ciudad de México respondió que había sido discriminado en el trabajo, la calle, una institución pública, la escuela o el transporte público.

En este mismo sentido, el goce y ejercicio pleno de derechos en condiciones de igualdad sustantiva para diversos como indígenas, personas con discapacidad, población LGBTTI, mujeres, jóvenes, niñas, niños y adolescentes que en conjunto representan la mayor parte de la población en la Ciudad, aún es una realidad lejana.

En 2007 la Ciudad de México asumió compromiso de incorporar el enfoque de Derechos humanos a la política pública local.

Ese mismo año, mediante un proceso plural, participativo y con la confluencia de organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y todas las instancias públicas, fue firmada la Carta Compromiso para integrar el Comité Coordinador, encargado de elaborar el Diagnóstico y el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF); aceptando la colaboración de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

El PDHDF fue presentado públicamente en 2009 e institucionalizado en 2011 con la publicación de La Ley del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, la cual establece que los derechos humanos son el fundamento para el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas en la Ciudad de México, así como para la planeación, la programación y asignación de recursos públicos destinados a su cumplimiento. Desde 2015 se ha estado elaborando la actualización del diagnóstico y el programa de derechos humanos, conforme lo señala la ley del mismo.

Es importante señalar que la institucionalización de este programa es la consolidación de un proyecto a largo plazo para construir una Ciudad de derechos plenos, sin depender de las voluntades gubernamentales sexenales, es decir, una política de Estado basada en el enfoque de derechos humanos.

Por lo anterior, desde el Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos, una de las pocas instancias del ámbito local con participación ciudadana que se encuentran en funcionamiento durante la actual administración.

Existen avances, sobre todo en la construcción de marcos jurídicos garantes de derechos humanos que no pueden ser disminuidos en el proceso de elaboración de la constitución y armonización de las leyes secundarias.

La asamblea constituyente tendrá la oportunidad única para cumplir su cometido, respetando y garantizando el ejercicio pleno de los derechos humanos de todas y todos.