COMBATIR IMPUNIDAD EN MATERIA DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS

Urgen facultades de los tribunales internacionales, en el combate a la impunidad y crisis de violaciones a los derechos humanos en el sistema de Justicia mexicano, con detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales.

El Grupo Parlamentario del PRD presentó al pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas y adiciones al artículo 21 Constitucional.

Al presentar el documento en tribuna, el diputado Alberto Martínez Urincho, integrante de la Comisión de Derechos Humanos en San Lázaro, argumentó que en México la crisis de los derechos humanos ha lastimado sensiblemente el tejido social.

“Los graves casos de violación de derechos humanos como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, solo evidencian que la impunidad y la corrupción son constantes en el sistema de justicia”, asentó.

En conferencia de prensa, el legislador perredista también precisó que la iniciativa de reforma permite impulsar la eficiencia del marco del Estatuto de Roma, sentar las bases constitucionales para la coordinación y cooperación que la Corte Penal Internacional (CPI) necesita, con el reconocimiento de la competencia de los tribunales internacionales y carácter vinculante de sus resoluciones.

Advirtió que no se puede luchar contra la impunidad sin proveer a la CPI de instrumentos apropiados para defender los valores de la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos y, ante todo, justicia para las víctimas, ya que sin un marco legal de cooperación que expidan los Estados no es posible que la justicia internacional funcione.

Con la participación y reconocimiento de diversas Organizaciones No Gubernamentales, Martínez Urincho dijo que por ello, diputadas y diputados el PRD presentan la iniciativa, para armonizar nuestro marco nacional y facilitar por todas las vías la jurisdicción complementaria de la Corte.

“En caso de mantener la actual redacción –remarcó--, estaríamos preservando los márgenes de impunidad, respecto de la persecución de crímenes graves y de lesa humanidad como el genocidio, que afectan no sólo el acceso a procesos de justicia en nuestro país, sino también en la comunidad internacional”.

La propuesta de iniciativa propone otorgar jurisdicción plena y complementaria a dicho tribunal internacional que forma parte de la legislación interna mexicana por partida doble, ello con base en el artículo primero constitucional, y el propio 21 párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, añadió el diputado Martínez Urincho.

En México, el Estatuto de Roma se firmó el 7 de septiembre de 1998, y la Cámara de Senadores aprobó su ratificación el 21 de julio de 2005, convirtiéndose México en el centésimo país en hacerlo. Su entrada en vigor fue el primero de enero de 2006.