SABOTEAN INVESTIGACION DEL CASO AYOTZINAPA
- Antonio Garnica Muñoz
- 3 feb 2016
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha encontrado, entre sus primeros hallazgos, la posible participación de miembros del Ejército los días 26 y 27 de septiembre de 2014, fecha en la que desaparecieran 43 estudiantes normalistas y fueran asesinadas seis personas más.
Dentro de los resultados de su primer informe, documento que sustenta el motivo de creación de la Comisión Especial, el GIEI ha hecho constar de manera pública la necesidad de que se esclarezca la participación de los militares, las razones por las que actuaron o no, así como el deslinde de responsabilidades o sujeción a proceso de quienes pudieran ser responsables.
Por ofrecimiento del propio Secretario de la Defensa Nacional (SDN), el General Salvador Cienfuegos, en reunión con la Comisión Especial, así como en respuesta a un oficio recibido por parte de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la SEGOB de fecha 20 de noviembre de 2015 y la Comisión Especial ha trabajado.
En la propuesta de formato de desarrollo de una posible reunión con los integrantes del 27 Batallón, de quienes se presume participación los días de los hechos en al menos tres momentos: como integrantes del C4, en el Hospital Cristina y a través de los miembros de Inteligencia Militar.
Al tocar este punto tan sensible de la Comisión y mediante la modificación del Orden del Día a solicitud del diputado Arturo Álvarez Angli del Partido Verde Ecologista, respaldado en todo momento por el Secretario de la Comisión, el priísta Víctor Manuel Silva Tejeda, y María Eugenia Ocampo Bedolla y José Alfredo Ferreiro Velazco diputados de Nueva Alianza y Encuentro Social respectivamente, se puso un alto a los trabajos de la Comisión, alentando la opacidad, las omisiones y el encubrimiento a la responsabilidad del propio Estado en la desaparición de los normalistas, perpetuando la impunidad y evitando que se conozca la verdad, que se garantice la impartición de justicia a las víctimas, la reparación del daño y las garantías de no repetición.
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