GOBIERNOS ESTATALES DEBEN INCORPORAR NORMAS QUE DEN ACCESO A LA JUSTICIA A LOS INDÍGENAS

En México existen más de ocho mil indígenas que se encuentran “compurgando” penas en los centros penitenciarios y sólo existen 28 defensores públicos en todo el país que conocen de lenguas indígenas.

Ante las dificultades que enfrentan las comunidades indígenas en México para acceder a la justicia, el Pleno del Senado de la República exhortó a los poderes Ejecutivo y Legislativo de las entidades federativas a que incorporen a su legislación secundaria, orgánica y procesal, las normas necesarias que hagan efectivo el derecho de acceso a la justicia de este sector de la población.

El dictamen aprobado convoca a los gobiernos locales, al Poder Judicial de los estados, a sus organismos garantes y de defensa de los derechos humanos, a celebrar convenios de colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) a fin de acceder a los servicios de traducción e interpretación, a través del Padrón Nacional que tiene a su cargo.

Lo anterior, debido a que en México existen más de ocho mil indígenas que se encuentran “compurgando” penas en los centros penitenciarios de Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, por carecer de una defensa adecuada.

El documento también señala que, según datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), sólo existen 28 defensores públicos en todo el país que hablan lenguas indígenas.

Entre 2013 y 2014 han salido de la cárcel dos mil 275 indígenas, de ellos 218 mujeres, que en su mayoría hablan náhuatl, zapoteca, maya, tzeltal y tzotzil, viven en zonas rurales, se dedican a actividades manuales y se encuentran dentro de los rangos más bajos de pobreza, advierte el punto de acuerdo.

Estos datos demuestran la gran problemática que afecta a este sector. Asimismo, se pone sobre la mesa la necesidad de implementar mayores acciones y programas en el sistema judicial, para evitar que se siga actuando en contra de sus derechos.

Es fundamental garantizar el acceso a la jurisdicción de toda persona en la lengua indígena nacional de la que es hablante, a través de intérpretes, traductores y defensores que tengan conocimiento de su lengua y su cultura, como una forma de reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas, puntualiza el dictamen, aprobado el pasado 13 de octubre.