GOBERNACIÓN SOMISA ANTE SEÑALAMIENTOS EN CONTRA DE AGENTES DEL INM.

Necesario que la reestructuración del personal del Instituto Nacional de Migración (INM), vaya en serio; el desprestigio de la corporación es enorme, y sigue siendo válido el diagnóstico que en 2013 publicó el Insyde que reprobó a la dependencia.

Al participar en la reunión de trabajo de la Comisión de Asuntos Migratorios, El diputado del GPPRD, Felipe Reyes Álvarez, afirmó que la Secretaría de Gobernación sigue siendo omisa ante las constantes señalamientos en contra de los agentes del INM, a quienes se les acusa no solo de violar derechos humanos de migrantes sino, incluso, de cometer secuestros.

El legislador destacó que las acusaciones en contra de este personal no cesan y a pesar de los testimonios y documentos que han presentado familiares de migrantes que responsabilizan a los agentes del INM, el gobierno hace oídos sordos y los sigue protegiendo a pesar de que no sólo adentro del país están desprestigiados sino también a nivel internacional.

Anotó que son constantes las acusaciones contra este personal, y no sólo en este momento, sino de muchos años atrás y lamentablemente la Segob sigue sin hacer caso de las constantes denuncias porque, al menos, se desconoce públicamente de posibles sanciones a este grupo.

En este sentido el también integrante de la Comisión de Asuntos Migratorios, dijo que es necesario, como sucede con las policías a nivel federal, estatal y municipal, la reestructuración del personal del INM vaya en serio y que quienes aspiren a ingresar allí, hayan aprobado los exámenes de control de confianza, porque hasta el momento, el desprestigio de la corporación es enorme.

Afirmó que lamentablemente sigue siendo válido el diagnóstico que en 2013 publicó el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) donde se señala desde ese entonces, que el “el INM es una entidad pública en muchos sentidos dejada a su suerte. Sin servicio civil de carrera que dé viabilidad al desarrollo profesional de sus operadores; carente de una cultura institucional armónica con la promoción y defensa de los derechos humanos”.

De igual manera, el análisis señalaba que en el INM no había “garantía de aplicación de las consecuencias de ley ante faltas y delitos cometidos por sus miembros; con un esquema disciplinario que en los hechos deja la supervisión y el control en manos de quienes deberían ser supervisados y controlados; con prácticas cotidianas de falta de atención y maltrato a los migrantes e incluso con indicios de vinculación entre operadores del INM y el crimen organizado”.

Comentó que se conoce que en las rutas de los migrantes, los agentes del INM no sólo los extorsionan, sino que llegan a cobrar más de 5 mil dólares por la libertad de los indocumentados retenidos en las garitas que tiene el INM en el país.

Por otra parte, el diputado reconoció que el Padre Solalinde ha sido no sólo un incansable defensor de los derechos humanos de los migrantes –nacionales o extranjeros- sino al mismo un fuerte crítico de la política migratoria de este gobierno y sus antecesores.

Lamentó que el sacerdote que encabeza el Instituto Hermanos en el Camino se le quiera descalificar o, incluso, sea objeto de amenazas de muerte que él atribuye al gobierno por sus constantes denuncias no sólo contra el INM sino también en contra de personal de la PGR y de las policías, federal y estatales.

Recordó que Solalinde ha denunciado amenazas en su contra y que se le acusa de trastocar intereses y negocios de grandes bandas del crimen organizado confabuladas con autoridades del gobierno federal, particularmente personal del INM de diversos estados y municipios de la zona de la frontera sur.