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SE BUSCA CREAR FISCALÌA DE ATENCIÓN A DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÒN

  • Luis Alberto Mejìa de la Rosa
  • 18 nov 2015
  • 2 Min. de lectura

El senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del PT, propuso modificar el artículo 102 de la Constitución Política con el propósito de crear la Fiscalía de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión.

Resaltó el caso conocido como “el múltiple homicidio de la Narvarte”, en el que se tenía la esperanza de que, al tratarse de una Procuraduría distinta a la de la entidad de donde procedía Rubén, prácticamente en calidad de refugiado, se realizaría una investigación seria.

El expediente, agregó, cayó en la Ciudad de México donde gobierna un abogado constitucionalista, pero que aún sigue impune y donde lejos de investigar a los asesinos, se investiga a las víctimas.

No obstante, dijo, las personas involucradas en dicho caso, dejaron documentos, testimonios y videos a sus familias en donde señalan que si algo les llegara a ocurrir por el ejercicio de su profesión y no por su vida privada, harían responsables específicamente al gobernador de Veracruz, “que por cierto sigue impune”.

El Estado no toma con seriedad los riesgos del oficio periodístico, el Estado mexicano se suma a las filas de auto flageladores de la edad media que se lastiman a sí mismo para llamar la atención cuando viene el asesinato de un periodista y al paso de las semanas se olvida y se pasa al siguiente tema.

Destacó de último momento se arrancó del dictamen el punto donde se le daba la facultad de absoluta independencia y autonomía a la investigación a esta Fiscalía, por lo que pidió devolver al debate nacional el punto extraído del documento.

La libertad de expresión, añadió, oxigena a la sociedad al multiplicar todo tipo de datos y opiniones, por lo que se convierte en un bien jurídico que ha de ser protegido a toda costa y para lo cual, es imprescindible que las instituciones de procuración de justicia hagan efectiva la disuasión contenida en los tipos penales que garantizan dicho derecho.

La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, para su dictaminación.

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