UNA FICHITA DIRECTOR DEL HOSPITAL JUÁREZ

El director del Hospital Juárez, fue denunciado ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), por negación y práctica indebida del servicio médico, así como por acoso laboral y despidos injustificados.

El afán reeleccionista del Director del Hospital Juárez de México, Martín Antonio Manrique, ha acentuado los conflictos que privan al interior del nosocomio.

El galeno que pretende quedarse en el cargo por otros tres años, enfrenta no únicamente denuncias públicas por acoso laboral y despidos injustificados a enfermeras; sino además, demandas penales radicadas en la procuraduría capitalina por la presunción de delitos.

Está acusado de negación y práctica indebida del servicio médico a un enfermo grave, contraviniendo lo establecido por el Seguro Popular de brindar atención a los mexicanos que por su situación económica no puede sufragar sus gastos hospitalarios, según consta en la averiguación previa FAE/D/T2/00124/15-10.

Un caso de despido injustificado fue el del cirujano pediatra, Ernesto Jaimes, despedido por cumplir con su labor de salvar vidas.

Muchos pendientes deberá atender Manrique, quien ha hecho que el hospital que dirige haya perdido el sentido social y humanitario que debe guardar toda institución de asistencia pública, al grado de consentirse el despido de especialistas entregados de tiempo completo en la noble tarea de salvar vidas.

Tal es el caso del cirujano pediatra, Ernesto Jaimes Solís, a quien los incondicionales de Manrique le inventaron un acta administrativa por supuesta desobediencia en sus funciones, para ordenar su cese, por el hecho de haber operado de apendicitis a una menor a la que horas antes otro médico había desestimado para una cirugía de urgencia, pese a sus constantes dolores abdominales y el cuadro de riesgo de peritonitis que presentaba.

El salvar la vida de la pequeña, que era atendida de leucemia, le costó el puesto al galeno. Por si fuera poco, el 7 de julio pasado le fue levantada un acta por abandono de trabajo.

El especialista ha decido ventilar tal injusticia ante los tribunales laborales pues está convencido que le asiste la razón, tanto médica como jurídicamente, para ser reinstalado en su trabajo.

Ruta legal que también han empezado a seguir muchas de las enfermeras que desde el 2013 fueron despedidas por Martín Antonio Manrique, a través de la fabricación de documentos falsos en un abierto acoso laboral, según denuncia a las puertas del Hospital Juárez, la enfermera Georgina García Monzón, con 43 años de servicio.

De acuerdo a la denuncia de hechos presentada ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Reyna Lilia Reyes Martínez, una humilde mujer residente en Valle de Chalco, Estado de México, llevó en el 2008 a su hijo Enrique Ortíz Reyes, entonces de siete años, a que le practicarán diversos estudios en el Hospital Juárez cuyos especialistas le diagnosticaron “esclerosis tuberculosa” , razón por la que el área de trabajo social le recomendó darse de alta en el “seguro Popular” para tener acceso a la gratuidad del servicio, pues su esposo, Adán Ortíz Miguel, aprendiz de albañil, no cuenta con un trabajo ni ingresos estables.

Sin embargo, el 4 de marzo pasado la trabajadora social, Fany Rodríguez Alvarado, se negó a resellarle su carnet de servicios porque a su decir, se le había acabado el Seguro Popular. “…Ahí le va lo bueno, lo malo y lo feo el tratamiento de su hijo ya terminó, fue un tumor de bajo grado por lo que el tratamiento terminó, de hoy en adelante tendrá que pagar todo y es muy poquito a nivel 1…” Igualmente, la Jefa de Trabajo Social, Guadalupe Gurrueta, le argumentó a la afligida madre: “somos muchos y por eso se le quitó el seguro y ya no alcanza el dinero” (sic).

En la querella presentada contra las autoridades del Hospital Juárez que resulten responsables, se enumera toda la serie de tratos groseros y despóticos que no sólo las responsables del área de Trabajo Social sino varios médicos y especialistas, hicieron a Reyna Liliana Reyes y su hijo, hoy de 14 años y prácticamente ciego como parte de las secuelas de su enfermedad.

Asistida por defensores de derechos humanos, la avasallada madre exige justicia y pide que los medios de comunicación sean el conducto para que el Presidente Enrique Peña Nieto se entere de lo que ocurre en la realidad con la aplicación arbitraria del Seguro Popular, pues según expresa Reyna Lilia Reyes, “parece que el programa del Presidente, para ayudar a la salud de los pobres, no existe en el Juárez”.