Elsabueso Mexiquense

Fin de la impunidad

La Coordinadora Nacional de “Trabajadores de la Educación” (CNTE) buscó calar al Secretario de Educación Aurelio Nuño al orquestar sendos paros de labores “nacionales” los días 2 y 12 de octubre. Sin embargo, el tiro les salió por la culata, ya que mostraron su menguante poder de convocatoria y movilización. El paro del 12 de octubre, en particular, mostró el declive de la organización gremial. Por un lado, solo en diez entidades de la República ocurrió algún evento relacionado con la protesta magisterial (paro de labores, movilizaciones callejeras y/o enfrentamientos con las fuerzas del orden). Por otro lado, según menciona la Lectura Política 830, el paro tuvo escasa resonancia en los estados donde la Coordinadora tiene sus mayores bases: según cifras de la SEP, en Chiapas se laboró en el 95% de los planteles, en Guerrero en el 93%, en Michoacán en el 70% y en Oaxaca en el 35%.

Las palabras del secretario Aurelio Nuño no quedaron en el aire. Al amparo de la nueva legalidad, a mediados de octubre la SEP cesó de manera definitiva a 291 docentes que incumplieron, sin causa justificada, con su obligación de someterse a la Evaluación Diagnóstica.[1] Por otro lado, la segunda quincena de octubre la autoridad educativa federal aplicó descuentos a 72 648 maestros que faltaron sin justificación a sus labores el 2 de octubre. Además, advirtió que durante la primera quincena de noviembre se aplicarán los descuentos a 85 296 profesores que faltaron a clases por asistir a movilizaciones el 12 de octubre.

Poco después, como si fuese vocero del gobierno federal, el flamante gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, anunció que la PGR alista también la detención de líderes magisteriales en su entidad: “La información que yo conozco y que es pública, es que hay 60 órdenes de aprehensión contra normalistas y unas 30 contra los líderes de la CNTE.

Hoy la situación de la CNTE parece bastante complicada. El pasaje es ilustrativo: puesto que las cuentas bancarias de la Sección 22 están congeladas desde julio —alrededor de 8.1 millones de pesos mensuales por cuotas de sus agremiados—, con el propósito de financiar las acciones jurídicas en defensa de los cuatro integrantes del gremio detenidos el 29 de octubre la asamblea estatal de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca fijó una “cooperación” de 30 pesos a cada uno de sus más de 81 mil integrantes, lo cual significaría una suma de alrededor de 2.43 millones de pesos.

Son muchos los engranajes —institucionales, jurídicos, sociales— que se han acoplado recientemente para desarticular no solo las movilizaciones de la CNTE contra de la reforma educativa sino que ponen en riesgo su viabilidad como organización. En contraste, el gobierno federal, y más particularmente su secretario de Educación Pública, han ganado parte del terreno perdido.

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