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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

11 nov 2015
4 min de lectura

La seguridad pública y la procuración de justicia deben estar bien definidas por la ley y los códigos, y con las nuevas herramientas implementadas en materia de justicia, se debe trabajar para dar certidumbre jurídica a la ciudad, señaló el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Israel Betanzos Cortés, durante la instalación de su grupo de trabajo.

“Tenemos el deber y la obligación de mantener contacto permanente con la ciudadanía y sobre todo con las víctimas del delito”, expresó el diputado priísta, y señaló que la ALDF debe ser un órgano sensible ante la exigencia ciudadana que pide justicia.

Recordó que hace días el ejecutivo local amplió el decreto por el cual se incorporarán 35 nuevos delitos no graves al nuevo Sistema Penal Acusatorio, con lo que podrán ser juzgadas las personas mediante la oralidad; dijo que esta medida es para dar certeza jurídica tanto a las víctimas como a los victimarios.

De esta forma podrán desahogarse más rápidamente denuncias como: lesiones, ayuda al suicidio, corrupción de personas menores de edad, usurpación de identidad y administración fraudulenta, entre otras.

El diputado llamó a fortalecer los vínculos con la PGJDF, la Consejería Jurídica, el TJDF y sobre todo con la CDHDF para que ninguna reforma a la ley vaya en contra de los principios y las garantías constitucionales que tienen los individuos.

En su intervención, el presidente de la Comisión de Gobierno, diputado Leonel Luna Estrada, hizo referencia a diversas reformas en la materia que le corresponderán armonizar a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en el marco de la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción, y que este sistema inicie su aplicación en la capital.

Otra responsabilidad será fortalecer el nuevo sistema de justicia oral, para lo cual se requiere fortalecer el presupuesto de la PGJDF y el TSJDF. Señaló que estos procesos deben estar acompañados de la protección de los derechos humanos; y otro aspecto a reforzar es el rezago en la profesionalización de impartidores de justicia de la ciudad.

El diputado perredista, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez dijo que las principales tareas que espera la ciudadanía de los diputados locales, es justicia, transparencias y política social, pero sobre todo “justicia en la sociedad”, por ello esta comisión tiene el deber, la iniciativa y el objetivo de que la gente perciba que están tomando en cuenta sus inquietudes. Además propuso sesionar en Comisiones Unidas para que en materia presupuestal se tengan los requerimientos necesarios para la impartición de justicia a los capitalinos.

Al hacer uso de la palabra, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, destacó la importancia de la comisión porque aquí se abordan y legislan temas cruciales para la capital del país, como es la seguridad y procuración de justicia, y señaló que “es indispensable entender y tener muy clara cuál es la realidad en nuestra ciudad y contribuir para fortalecer las instituciones y con ello, poder ofrecer a los capitalinos un sistema de justicia óptimo”.

Durante su intervención, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), José Manuel Ballesteros López, refrendó el compromiso de su partido para trabajar de manera conjunta en la elaboración de leyes de vanguardia en la materia, sin distinción de partidos y a través de generar consensos.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo, ofreció los oficios de su institución con el fin de contribuir con aquellos temas que se puedan atender de manera preventiva, pero sobre todo, con la visión en la defensa de derechos humanos, el acompañamiento, las propuestas y diagnósticos.

El titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Adolfo Ríos Garza, dijo que es un compromiso ineludible de esta institución atender las legítimas demandas ciudadanas en materia de prevención y combate al delito, para garantizar que los derechos de todos se encuentren debidamente resguardados; expresó que la vigencia del orden jurídico, la protección del interés público y la seguridad colectiva requieren de un esfuerzo integral, para lo cual se deben superar desencuentros y participar en conjunto todas las instituciones para solucionar los problemas comunes.

La presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, Yazmín Esquivel Mossa, dijo que el reto que tiene la comisión es sacar adelante el Sistema Nacional Anticorrupción que se debe implementar en el 2016, lo cual requiere crear y reformar alrededor de 40 ordenamientos, como la nueva Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, a fin de sancionar a los servidores públicos que incurren en faltas graves.

En tanto el titular del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, se manifestó en contra de la politización de la “insana y perversa” jurisdicción y en contra de permitir la afectación a la autonomía y la independencia judicial; pidió respetar el principio de independencia de los tribunales de justicia, porque con ello se garantiza a la población una justicia libre y autónoma de cualquier injerencia de otro poder.


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