DESDE EL SENADO

NO PERMITIRÁN ALBAZO EN LA REFORMA QUE DESAPARECE PENSIONISSSTE

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda, advirtió que estarán pendientes de que no ocurra un albazo en la reforma al PENSIONISSSTE, ya que aunque si bien se pospuso el análisis y votación de la iniciativa para desaparecerlo, habrá que estar atentos a que no se cuaje un madruguete.

Declaró que aunque quedó en un impasse la discusión del dictamen de la reforma del PENSIONISSSTE, el tema aún no se ha cancelado y estarán atentos a evitar imposición, por tratarse de una reforma contraria a los intereses de los trabajadores burócratas.

Refrendó que de convertir el PENSIONISSSTE en una empresa de participación mayoritaria estatal, afectará a los trabajadores que actualmente cotizan sus cuentas individuales de retiro en ese fondo, ya que recibirán menores porcentajes por concepto de comisiones y otros ingresos, advirtieron diputados del PRD y Morena.

RECURSOS PARA PROYECTOS DE MOVILIDAD SUSTENTABLE

La senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Cámara Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 se etiqueten recursos suficientes para el “Fondo de Cambio Climático”.

Lo anterior, explicó la legisladora, a fin de que se puedan generar proyectos de movilidad sustentable a nivel nacional dirigidos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero

A nombre de las senadoras Graciela Ortiz González, Marcela Guerra Castillo y Blanca Alcalá Ruíz, así como del senador Jesús Casillas Romero, Herrera Anzaldo hizo un llamado para que, dentro del Ramo 15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se asignen los recursos suficientes para que el “Programa de Impulso a la movilidad urbana (PMUS-007)” pueda ser efectivo.

AGRESIONES A MUJERES MIGRANTES EN EL PAÍS. La senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del PT, presentó un punto de acuerdo para que la Secretaría de Gobernación informe acerca de las acciones implementadas con base en el Plan Frontera Sur, a fin de evitar agresiones en contra de mujeres migrantes a su paso por México.

En su exposición, la legisladora refirió que en diversos medios de comunicación de circulación nacional e internacional, se han dado a conocer denuncias de abusos sexuales por parte del crimen organizado hacia mujeres migrantes.

A México, agregó, entran unas 45 mil mujeres centroamericanas indocumentadas, de las cuales, 70 por ciento sufre de algún tipo de abuso sexual, según dicha información. Esto ha provocado que las mujeres centroamericanas antes de viajar a México tomen medidas para prevenir embarazos ante las agresiones sexuales que sufren al transitar por nuestro país.

ZONAS DE RIESGO ANTE FENÓMENOS HIDROLÓGICOS

Senadoras del Grupo Parlamentario del PRI, presentaron un proyecto de decreto para reformar las Leyes General de Protección Civil y de Aguas Nacionales, con el propósito de fortalecer la oportuna detección de zonas de riesgo y la creación y promoción de políticas públicas en materia de prevención o atención de desastres hídricos y fenómenos hidrológicos como inundaciones, sequías, tsunamis y mar de fondo.

Al presentar la propuesta, la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo explicó que se plantea que la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Comisión Nacional de Agua trabajen de forma conjunta, a fin de crear y promover políticas públicas en materia de prevención de atención y atención de desastres, y para la oportuna detección de zonas de riesgo que deban ser registradas en el Atlas de Riesgos Nacional, Estatal y municipal.

TRANSITAR HACIA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

El Senado de la República solicitó al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que promueva la educación y capacitación continuas de todos los sectores de la sociedad, para transitar hacia la gestión eficiente y el manejo integral de los residuos

Se busca, precisaron los legisladores en un dictamen que se aprobó sin discusión, modificar los hábitos negativos para el ambiente en la producción y consumo de bienes.

Los senadores destacaron que en 2012 se generaron en México aproximadamente 37.5 millones de toneladas de residuos sólidos, equivalentes a 102 mil 895 toneladas por día.

Mencionaron que la Semarnat reportó que del total de estos desechos sólo se recolectan 83.9 por ciento y se desconoce el destino final del 11.83 por ciento restante.

OBLIGAR AL ESTADO MEXICANO A CUMPLIR DECISIONES DE LA CIDH

A fin de que bajo toda circunstancia sean respetados los derechos humanos en el país, la senadora Mónica Arriola Gordillo, presentó una iniciativa que reforma el artículo 1 de la Constitución, a efecto de que el Estado mexicano se comprometa a cumplir sin excepción las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en todo caso en que sea parte.

Lo anterior, a efecto de que la protección a los ciudadanos sea lo único y más importante cuando se hable de violaciones a los derechos humanos, y no se recurra a la soberanía nacional y a la prevalencia de la Constitución sobre normas internacionales, para incumplir con las decisiones de la CIDH, y por tanto, las obligaciones aceptadas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

No aceptaremos que la justicia mexicana elabore recovecos que posteriormente podría invocar la violación de las resoluciones de la CIDH, manifestó.

RESULTADO DE PROGRAMAS SOCIALES

El senador del Grupo Parlamentario del PRD, Benjamín Robles Montoya, propuso adicionar el artículo 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para permitir a la Cámara de Senadores opinar acerca de los resultados de los programas sociales, con el propósito de observar que se realicen de conformidad al objeto por los que fueron creados, sin interferir en otras atribuciones.

La intención, dijo, es encontrar un mecanismo que abone al control y evaluación de los programas sociales que se aplican en el país.

En este contexto, destacó que los programas sociales implementados en el país representan la visión cortoplacista del grupo que detenta el poder público en un momento determinado, donde su éxito o fracaso es responsabilidad de la administración pública, sin que exista un contrapeso de seguimiento o auditoria por parte del Poder Legislativo.