REDISEÑO CONSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Ni el Mando Único, ni las actuales organizaciones han servido para la seguridad pública

Con el propósito de fortalecer las instituciones municipales y avanzar en la profesionalización de los cuerpos policiacos y del sistema penitenciario, el Partido Acción Nacional, en voz del senador Octavio Pedroza Gaitán, presentó una iniciativa para rediseñar desde la Constitución el Sistema Nacional de Seguridad Nacional.

Para el PAN, la ruta para afrontar y resolver la compleja y multifactorial problemática de inseguridad pública, es el fortalecimiento de nuestras instituciones, no su debilitamiento, precisó el también presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal.

Consideró que es la suma, no la resta de los esfuerzos compartidos, lo que nos puede permitir aspirar a restablecer el clima de seguridad y concordia en el país, que nos estamos resignando y acostumbrando a perder gradualmente.

Sostuvo que unificar a la policía en células estatales mediante la eliminación de unidades municipales potencia el riesgo de daño ante una corporación infiltrada, corrupta o poco capacitada, por lo que es “preferible un dedo infectado que un brazo carcomido por la enfermedad”.

Pedroza Gaitán detalló la iniciativa, que se basará en la reestructuración del Sistema Nacional de Seguridad mediante, primero, la creación del Instituto Nacional de Seguridad Pública (INSP), como órgano regulador de la materia de Seguridad Pública.

El Instituto Nacional de Seguridad Pública tendrá a su cargo la reglamentación, supervisión, y evaluación de las competencias y facultades de las distintas instituciones de Seguridad Pública y Administración Penitenciaria de los tres órdenes de gobierno establecidos en la Ley respectiva.

Además, será responsable de administrar las bases de datos en materia de Seguridad Pública, preverá el diseño de los mecanismos de intervención, sustitución y colaboración subsidiaria de las

Instituciones de Seguridad Pública de los distintos órdenes de gobierno.

Asimismo, implementará esquemas de evaluación, intervención, interdicción, subrogación y disolución de instituciones de Seguridad Pública de una Entidad o municipio cuando no satisfagan los estándares mínimos determinados por la ley y por el Instituto Nacional de Seguridad Pública.

El INSP tendrá como una de sus principales encomiendas la regulación y gestión del Servicio Nacional de Carrera Policial, así como será el órgano del Estado responsable de determinar la Reglas de Operación y requisitos para la asignación de los recursos, fondos, aportaciones y subsidios para los estados y municipios.

De aprobarse la iniciativa en sus términos, se disolvería el Consejo Nacional de Seguridad Pública, las Conferencias de Secretarios de Seguridad Pública, del Sistema Penitenciario y de Procuración de Justicia, así como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues todo su patrimonio y personal pasarán a formar parte del Instituto Nacional de Seguridad Pública.

Se restablecería, en cambio, la Secretaría de Seguridad Pública a nivel Federal y la designación de su titular estará a sujeta a la ratificación por el Senado de la República.

Se crearía también el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que se encargará de centralizar y profesionalizar los servicios periciales en todo el país.

En la propuesta se establece que bajo el principio de la subsidiariedad, cada orden de gobierno ejercerá sus facultades en materia de Seguridad de acuerdo a sus competencias establecidas en la Ley, al tiempo que faculta al Instituto Nacional de Seguridad Pública para iniciar el procedimiento de subrogación de la función de seguridad pública o la disolución de una institución.

Del mismo modo, se establecen los procedimientos para que las autoridades políticas de cualquier orden de gobierno sometan voluntariamente a sus instituciones policiales a programas de mejora y profesionalización o a la intervención por un orden de gobierno subsidiario o para su disolución.

El senador panista agregó que la reforma planteada propone establecer un nuevo apartado C del Artículo 123 Constitucional, el cual especifique de manera explícita el catálogo de derechos y obligaciones laborales y prestaciones de seguridad social mínimas para fortalecer el régimen de derechos del personal de las instancias de seguridad del Estado mexicano.