RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO DE LA ONU

​Se establecerá la ruta crítica para llevar a cabo la armonización de la legislación secundaria con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La senadora Martha Elena García Gómez, presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, explicó que con este plan se busca dar respuesta a las recomendaciones emitidas por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU para garantizar la aplicación de dicho ordenamiento.

Indicó que la ruta contempla asegurar que todas las leyes federales y estatales estén armonizadas con los contenidos de la Convención de los Derechos del Niño y con la Ley General, mediante la presentación de diversas iniciativas ante el pleno del Senado para modificar los ordenamientos jurídicos correspondientes.

Otro de los objetivos es asegurar que los programas y políticas públicas implementados por los tres órdenes de gobierno en esta materia tengan la asignación adecuada de recursos que permitan el cumplimiento de las acciones establecidas en la ley.

Asimismo, se pretende modificar la legislación en materia de educación, con el objetivo de combatir las situaciones de violencia que se generan en los centros escolares, mediante la creación de mecanismos confidenciales, accesibles, y de respuesta inmediata que permitan a los estudiantes denunciar actos violatorios de sus derechos.

También, anunció, se presentará una iniciativa para expedir el Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, cuya finalidad será que se prevean procedimientos homogéneos aplicables por todas las autoridades en el país y su contenido estará integrado por disposiciones generales.

Destacó que esta propuesta se ocupará de los mecanismos alternativos de solución de controversias y de las formas de terminación anticipada y contendrá la regulación del procedimiento para adolescentes desde el inicio de la investigación hasta los recursos.

Abordará, agregó, la ejecución de las medidas sancionadoras y regulará los procedimientos tanto administrativos como jurisdiccionales.

La senadora Martha Tagle Martínez expuso la necesidad de saber el diagnóstico y avance de la armonización legislativa en los estados, a fin de evitar cualquier intento de retroceso en esta materia.

Al respecto, Ricardo Sepúlveda, Director General de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, expresó que hay recomendaciones muy específicas, tanto a nivel federal como local, que el Estado mexicano debe atender.

Para ello, dijo que se tiene que partir del marco constitucional de derechos humanos, por lo que la dependencia a su cargo facilitará la coordinación, el diálogo, la metodología e instrumentos de trabajo para que se pueda avanzar de manera rápida en la armonización.

En tanto, Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas y Niños y Adolescentes, señaló que la Ley General se enfrenta a una gran cantidad de ordenamientos secundarios y normativos que se contraponen o no se relacionan con ella.

Consideró necesario que se analice la manera en que las reformas estructurales podrían beneficiar o perjudicar a las niñas, niños y adolescentes; además de evitar que se siga haciendo legislación que tenga una afectación negativa y en sentido contrario con el paradigma de la ley.

Mariana Olivera West, directora general adjunta del área de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, refirió que dicho Comité emitió 154 recomendaciones a México, de las cuales 17 se refieren a cuestiones de armonización legislativa desde el ámbito federal hasta el local, por lo que se requerirá la concurrencia de muchos actores para sacar adelante esta tarea.

Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Segob, comentó que hasta el momento 29 estados han hecho su adecuación legislativa local, de ellos, 26 optaron por la expedición de una nueva ley; uno modifico su marco normativo existente, mientras que dos aprobaron la ley pero no se ha publicado.

Isabel Crowley, actual representante de UNICEF en México, dijo que el gasto público puede ser una herramienta para fortalecer las capacidades de las niñas, niños y adolescentes y prevenir la acumulación de rezagos y la desigualdad de oportunidades.

Indicó que en México, 10 por ciento de este sector de la población con mayores ingresos capta 11 mil 615 pesos mensualmente; mientras que 10 por ciento con menores ingresos capta 334 pesos al mes.