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LA EX RUTA-100 NUNCA CLAUDICARÁ EN SU LUCHA

30 oct 2015
6 min de lectura

​Ya es tiempo que las autoridades capitalinas atiendan de una vez por todas la resolución de este conflicto, porque ya es insoportable entender que el GDF abandera engaños para sacar rajatabla a su favor y de paso beneficiar a delincuentes de cuello blanco.

La Comisión Liquidadora del Sutaur-100 acusó al GDF de estar al servicio de los defraudadores que hace más de 20 años generaron la quiebra técnica de la ahora ex Ruta 100, por lo que “demandamos que Miguel Ángel Mancera Espinosa ya centre sus acciones para encarcelar a quienes siguen provocándole dolores de cabeza. Pareciera que le da miedo o terror aplicar el estado del Derecho en la capital”.

Dijo lo anterior el líder moral de la ex Ruta 100, Jorge Cuellar Valdez, quien pidió a las autoridades capitalinas atiendan de una vez por todas la resolución de este conflicto, porque ya es insoportable entender que el GDF abandera engaños para sacar rajatabla a su favor y de paso beneficiar a delincuentes de cuello blanco.

Es el caso, acusó, de Gabino Camacho y de Ricardo Barco quienes lejos de ir a parar a la cárcel por sus fraudulentas acciones que han venido ejerciendo desde hace cuatro lustros, han sido “premiados” por las mismas administraciones de los gobiernos que ha encabezado el Partido de la Revolución Democrática en la ciudad de México, otorgándoles otra línea del Metrobus en el eje de Montevideo, acción que los trabajadores defraudados consideramos una burla por parte del Gobierno del Distrito Federal

Consciente que aun la tarea ha sido extremadamente difícil y que incluso el conflicto de la Ruta 100 ha cruzado fronteras desde el mismo momento en que emitió recomendaciones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno de Mancera se ha negado en darle cumplimiento cabal a las exigencias que se le han planteado.

No vamos a claudicar en ningún momento así nos estemos muriendo de hambre y de diferentes enfermedades, aseveró Cuellar Valdez, quien al ser entrevistado en la Plaza de la Constitución que ha sido su reducto desde hace 20 años como su sede de protesta pública, hizo un llamado a las autoridades federales a salir en su defensa “porque el PRD-Gobierno nos ha ignorado cuando existen laudos por parte de las autoridades laborales federales locales y federales del país, a favor de los ex trabajadores del SUTAUR-100”.

En este contexto, dijo que el ahora Titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal, Manuel Granados Covarrubias, cuando fue líder de la bancada perredista en la VI Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se comprometió en elevar la causa de la ex Ruta 100 en la máxima tribuna capitalina, al grado que hubo un punto de acuerdo parlamentario a través del cual se le exigió al GDF cumpliera con los pactos políticos a los que se comprometió.

En misiva dirigida al nuevo presidente de la Comisión de Gobierno de la VII ALDF, diputado Leonel Luna, el SUTAUR-100 pidió que se le vuelva a girar un atento recordatorio al gobierno mancerista, para la aprobación de un presupuesto suficiente que cumpla con los compromisos pactados en los Convenios Políticos de 1996, 1999 y 2012, a fin de indemnizar y terminar la liquidación económica a los 12,004 ex trabajadores o sus beneficiarios para lograr la Reparación del Daño Patrimonial del Estado y la solución integral del conflicto Ruta-100, tal y como lo establece el acuerdo parlamentario de la VI ALDF, de fecha 19 de noviembre de 2014.

De tal suerte, la ex Ruta 100 pidió a todas las fuerzas políticas de la VII ALDF, en la revisión de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016, se destine una partida especial presupuestaria, para finiquitar los acuerdos políticos adscritos en años anteriores y que al paso del tiempo, a la ex Ruta 100 nunca se le ha hecho justicia al 100 por ciento.

La central camionera que en antaño fue el símbolo de la movilidad camionera urbana de la Ciudad de México y única en su género a nivel de América Latina, desglosó que dentro de esa liquidación debe quedar cubierto el 28% que les fue descontado de su liquidación a los 12,004 trabajadores; dicha negociación -afirmó Cuellar Valdez- debe de llevarse por conducto de su representación legal que es la Comisión Liquidadora con Toma de Nota y personalidad jurídica acreditada.

Asimismo, como segundo punto del Acuerdo Político, establecer una mesa de diálogo y negociación tripartida entre la Secretaria de Gobierno del Distrito Federal, la Comisión Liquidadora del Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos de pasajeros Ruta-100, y con los actuales representantes de las empresas de Grupo Metropolitano de Transporte (GMT) con intervención de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

La finalidad de ello, dijo Cuellar, es integrar a un interventor en las cajas administradoras de las sociedades mercantiles antes señaladas para la devolución a los 7,012 inversionistas de la inversión del 30% con sus respectivos rendimientos a la fecha, a todos y cada uno de los aportantes a la creación de dichas empresas.

De igual forma, como tercer punto, el cumplimiento inmediato al Convenio Político de fecha 29 de marzo de 2012, mediante depósito de las cantidades correspondientes por parte de finanzas a favor de la Secretaria de Movilidad, del pago de los derechos de concesiones y tarjetones suscritos en el convenio político a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal.

En el cuarto punto, se pide la creación de fuentes de trabajo reales y necesarias en materia de transporte para los trabajadores de la extinta Ruta 100 y, o sus beneficiarios, toda vez que han pasado más de 20 años y el conflicto de la ex Ruta 100 sigue en pie de lugar.

Por todo lo anteriormente expresado y dada la importancia y trascendencia del conflicto histórico existente, el SUTAUR-100 requirió de la mejor voluntad y sensibilidad política de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para lograr la Reparación del Daño Patrimonial del Estado a las 12,004 familias, víctimas del conflicto Ruta-100.

En lo que llamaron “acción envolvente”, dirigentes de los trabajadores de la ex Ruta-100 intentan acorralar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, para que dé una solución definitiva a su conflicto y se liquide a los trabajadores conforme a los convenios contraídos.

Con ese propósito han estado realizando visitas a diferentes organismos e instituciones locales y federales a fin de presionar al titular del Ejecutivo de esta ciudad para que “no dé más demoras al asunto”.

En semanas pasadas estuvieron en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, donde entregaron un documento a su titular Perla Gómez Gallardo, en el que explican la situación actual de su conflicto; todos los jueves están participando en la VII Asamblea Legislativa del Distrito Federal para exigir al Gobierno del Distrito Federal que “no se le valla a olvidar solicitar una partida presupuestal para que termine de liquidar el 28% y demás adeudos que tiene el GDF patrón sustituto con los trabajadores de la Exruta-100”.

El líder camionero también informó que pasando la nueva temporada de “todos los santos”, asistirán al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a presentar su demanda para exigir la devolución del 30 % que les descontaron de su liquidación laboral de Ruta-100, dineros que invirtieron para la creación de las empresas de Grupo Metropolitano del Transporte con sus respectivos rendimientos de interés bancario y rendimiento empresarial.

Después de 20 años de conflicto laboral, poco hay que añadir, salvo que se abre una nueva ruta de negociación entre los líderes de la desaparecida Ruta-100 y las autoridades del gobierno de la ciudad, al parecer, ahora sí, con la suficiente voluntad política para darle una solución definitiva al eterno reclamo que incluye el pago justo de la liquidación a la que tienen derecho y que hasta ahora no se ha logrado por la cerrazón de algunos funcionarios.

Patricia Mercado, actual secretaria de Gobierno, dijo en semanas pasadas que la instrucción del doctor Miguel Ángel Mancera es resolver los conflictos de la ciudad mediante el diálogo y la negociación, siempre en buenos términos. Debemos entender que esto no se circunscribe sólo a los problemas que tienen que ver con el comercio ambulante, sino a muchos más, incluido el de los trabajadores de la ex Ruta-100.

Más de mil trabajadores del volante

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