URGE CORREGIR FALLAS ESTRUCTUALES DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL

Una de las problemáticas más preocupantes del sistema penitenciario nacional es la deficiencia en el control de los centros por parte de la autoridad, permitiendo que los internos intervengan con poder de decisión en la seguridad.

También controlan los servicios y las actividades, productivas, educativas y deportivas, de alimentación, mantenimiento y limpieza, así como el control de ingreso de visitas tanto familiar como íntima , uso de los teléfonos y otros, situación que vulnera la seguridad, favorece la violencia y presión que se ejerce para mantener el control.

La Senadora Angélica de la Peña, propuso con punto de acuerdo, destacó que el autocontrol fue detectado en 76 de los centros estatales visitados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), como se constata en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria correspondiente al año 2014.

Para realizar dicho informe la CNDH trabajó sobre una muestra conformada por los 130 centros estatales penitenciarios más poblados del país, incluyendo varoniles, mixtos y femeniles, en las 32 entidades federativas, cuya población total al momento de aplicar las guías de supervisión fue de 195,329 internos; asimismo, se visitaron 20 centros federales, entre los cuales se encuentran los cinco que conforman el Complejo Penitenciario Islas Marías y el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), representado un incremento de 23,878 internos más.

Igual manera se incluyeron las tres Prisiones Militares, con 838 internos, así la muestra abarcó el 90.06% del total de la población penitenciaria nacional1, lo que significó un incremento de 2.44% respecto del porcentaje considerado en el DNSP 2013; que fue de 87.62%; ahora bien, con relación al DNSP 2012, (79.93%), y DNSP 2011, (75.10%), el incremento fue de 10.13%, y 14.9%, respectivamente.

Al profundizar en el tema, de la Peña Gómez mencionó que en cuanto a los centros estatales, se verificó que no hay separación entre procesados y sentenciados, así como insuficiencia de personal capacitado y con un salario acorde a la actividad que desempeña, y en el suministro de equipamiento.

Explicó que también existe deficiencia de acciones para prevenir y atender incidentes, así como la falta de protocolos para ello; igualmente se observa insuficiencia de programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria, que constituyen un apoyo fundamental en la rehabilitación y en el proceso de reinserción social, hecho que vulnera el derecho a la protección a la salud y puede representar efectos negativos para la seguridad de los centros.

En cuanto a la imposición de sanciones, detalló la senadora del PRD, se observa que no en todos los casos se respeta el derecho de audiencia, no siempre se realiza certificación de integridad física y durante el cumplimiento de la sanción el trato a los internos no se apega a condiciones de vida digna; se suspende la visita, así como cualquier tipo de comunicación, sin notificación a los familiares, de la sanción impuesta.

Dijo que "también se constató que en algunos casos áreas de privilegios así como de objetos y sustancias prohibidas y de internos que ejercen violencia y control sobre el resto de la población, deficiencias que vulneran los derechos a recibir un trato digno, de igualdad y de legalidad".

El informe de la CNDH pone de relieve que la falta de reglamento interno, así como y de manuales de procedimientos para el ingreso, traslado de internos, uso de la fuerza, solicitud de audiencias con autoridades, presentación de quejas, ingreso de visitantes, revisión de estancias y funcionamiento del Consejo Técnico Interdisciplinario, que regulen las actividades diarias de los centros, constituye una preocupación por el riesgo que representa para la debida observancia de los derechos humanos, así como también la deficiente o nula difusión de la normatividad.

Por otra parte, explicó la senadora perredista, la violencia al interior de estos establecimientos está relacionada con diversos factores derivados de las condiciones de encierro y de las deficiencias en las acciones para prevenir incidentes violentos, así como a la falta de manuales o protocolos de actuación que establezcan los procedimientos que deben observar las autoridades y particularmente el personal de seguridad y custodia en ese tipo de eventos.

Ante tal crisis, la senadora Angélica de la Peña Gómez propuso exhortar al titular del Ejecutivo Federal, en su carácter de Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública a implementar junto con la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario una estrategia nacional que permita reorientar las políticas públicas tendentes a garantizar el respeto de los derechos humanos de los internos y revertir las fallas estructurales de los centros de reclusión de nuestro país, que se desprenden del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria correspondiente al año 2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.