DESDE EL SENADO

SANCIONAR A FUNCIONARIOS QUE NO PUBLIQUEN PLANES EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

Ante las amenazas que enfrentan zonas ecológicas como Holbox, en Yucatán, senadoras del Grupo Parlamentario del PRI propusieron reformas al artículo 66 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a fin de que se apliquen sanciones a los servidores públicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que no publiquen los programas de las áreas naturales protegidas.

La senadora del Grupo Parlamentario del PRI, Marcela Guerra Castillo, expuso en la tribuna del Senado que aun cuando la Constitución Política incluye diversas leyes y normas de protección al medio ambiente, y a los recursos naturales como un bien social, se mantienen claras violaciones como es la autorización de construcciones sobre el mar.

A nombre de las senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, la legisladora Guerra Castillo apuntó que el objetivo de la reforma propuesta es eliminar el vacío jurídico que permite que, a pesar de que el Ejecutivo federal decrete la protección de un área natural, ésta corra riesgos ante la construcción de zonas hoteleras o habitacionales.

ACTUALIZAR LEY FEDERAL DEL MAR

La senadora del grupo parlamentario del PAN, Silvia Guadalupe Garza Galván, propuso reformar la Ley Federal del Mar para armonizarla con la Ley General de Cambio Climático, a efecto de que contemple las medidas adecuadas para mitigar los impactos ocasionados por este fenómeno en las zonas marinas del país.

La legisladora explicó que busca modificar dicho ordenamiento, pues todavía da atribuciones a la Ley Federal de Aguas, creada en 1972 y que en la actualidad resulta obsoleta.

Este tema es de suma importancia, dado que en el mar se realizan acciones indispensables para la mitigación de dióxido de carbono (CO2), elemento que actúa como sumidero de carbono y que altera la temperatura de los mares y océanos, su composición química, las corrientes, entre otros.

Mencionó que los efectos de este fenómeno en las aguas marinas pueden afectar la disponibilidad, estabilidad, acceso y utilización de productos acuáticos, mermando la seguridad alimentaria.

REUNIÓN DE TRABAJO CON CNDH POR CASO IGUALA

El Pleno del Senado de la República aprobó en votación económica seis dictámenes de la Comisión de Derechos Humanos, que contienen diversos exhortos y solicitudes en materia de no discriminación, igualdad de género, libertad de expresión e información sobre la desaparición de estudiantes en Iguala, Guerrero.

Uno de los dictámenes solicita al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, a que asista a una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, para presentar un informe sobre los avances en las investigaciones y resultados obtenidos por la Oficina Especial para el Caso Iguala, a partir de un informe presentado por la Procuraduría General de la República (PGR).

REDOBLAR ESFUERZOS PARA GARANTIZAR SEGURIDAD DE TURISTAS

La Cámara de Senadores solicitó a los titulares de las secretarías de Turismo y de Marina que continúen con las acciones para garantizar la seguridad de los turistas que visitan las costas mexicanas, particularmente en entidades como Baja California Sur, en donde este sector representa la principal actividad económica.

En el dictamen que se aprobó sin discusión, los legisladores lamentaron los hechos ocurridos el pasado 7 de marzo, cuando un grupo de 25 turistas fueron asaltados por teres hombres armados mientras descansaban y comían en las inmediaciones de la playa Ensenada Grande, de la Isla Espíritu Santo.

“Estas acciones --expresaron-- son inaceptables y obligan a las autoridades a redoblar los esfuerzos para garantizar la seguridad pública de los visitantes”.

Los senadores reconocieron el esfuerzo de las autoridades federales, estatales y municipales a favor del turismo, pero consideraron que es necesario reforzar las acciones para evitar hechos como los de la playa Ensenada Grande.

REPORTE SOBRE ESTATUS HÍDRICO DE CUATROS ESTADOS

En otro punto, el Pleno consideró que la Comisión Nacional del Agua debe informar sobre el estatus hídrico de Coahuila, Chihuahua, Veracruz, Nuevo León y Tamaulipas, así como las estimaciones, en metros cúbicos, del vital líquido que se prevé destinar para la explotación del gas shale en dichas entidades.

Los senadores pidieron que se dé a conocer la disponibilidad de agua por habitante, el manejo de las aguas residuales, el número de acuíferos, los metros cúbicos de agua que disponen los sectores agrícola e industrial, y los niveles de participación pluvial anual.

“Estimamos que en muchos rubros vinculados con la forma en que se lleva a cabo la explotación del gas shale hay muchos vacíos de información y, en otros casos se ha llegado a especular sobre la manera en que se realiza”, expresaron.

Además, en otro dictamen, el Senado exhortó al Ejecutivo federal para que instruya a la Comisión Nacional Forestal a realizar las acciones pertinentes para declarar como prioritaria la Cuenca de San Juan, en el estado de Nuevo León.

EL ÍNDICE DE DELITOS DEL ORDEN COMÚN PUEDE AUMENTAR

El Senado de la República hizo un llamado al Ejecutivo federal y al gobierno de Tamaulipas para que complementen las acciones necesarias que permitan fortalecer la estrategia integral para combatir la inseguridad en ese estado.

En el dictamen aprobado por la asamblea se señala que a pesar de que se ha registrado en el estado una nueva ola de violencia derivados de enfrentamientos entre grupos delincuenciales, el índice de delitos en Tamaulipas va a la baja.

Sin embargo, se subraya, el ideal es su erradicación total, por lo que se debe considerar impulsar acciones que favorezcan esa tendencia, sobre todo, en los ilícitos del fuero común.

No deja de ser preocupante, subraya el documento, que en los delitos del orden común esté latente la posibilidad de que se vuelva a incrementar la violencia en esa entidad, por lo que es fundamental fortalecer las acciones del gobierno estatal para prevenir alguna posible escalada de actos delictivos.

CONVENCIÓN SOBRE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En la misma sesión, el Pleno respaldó un dictamen para exhortar a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que armonicen sus legislaciones con la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y eliminen todas aquellas expresiones discriminatorias utilizadas para referirse a este sector de la población.

Los senadores indicaron que el propósito de dicha Convención es promover, proteger y garantizar el disfrute pleno del conjunto de los derechos humanos por las personas con discapacidad, pues retoma una serie de ámbitos fundamentales como la accesibilidad, libertad de movimiento, salud, educación, empleo rehabilitación, entre otros aspectos.

Por ello, es necesario armonizar las legislaciones en los estados de la República con los términos de la Convención, ya que el número de personas con discapacidad ascienden a 7.7 millones en el país.

REFORZAR ACCIONES PARA EVITAR SUICIDIO ENTRE JÓVENES

En el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, la legisladora inscribió una efeméride en la Gaceta del Senado de la República en la que destacó que este año el tema de la conmemoración es “Prevenir el Suicidio: Tender la mano y salvar vidas”.

La senadora mexiquense dijo que es un día para reflexionar, pensar, promover y realizar medidas para prevenir este padecimiento con políticas públicas que salven la vida a miles de personas.

Y es que cada año más de 800 mil personas se suicidan y es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años, de acuerdo con la OMS. Además, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía registró que del año 2000 al 2013 este padecimiento aumentó de 3.5 a 4.9 suicidios por cada 100 mil habitantes.

Barrera Tapia recordó que en febrero de 2015 presentó una iniciativa de reformas a la Ley General de Salud, para facultar a la Secretaría de Salud y a las autoridades competentes a fomentar y apoyar el desarrollo de estrategias con una visión integral orientadas a la prevención del suicidio, en las que se considere la participación de los sectores privado y social.