COLEGIACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ABOGADOS, DIVIDE A ESPECIALISTAS

Especialistas en derecho presentaron argumentos y posiciones en cuanto a la implementación de una colegiación y certificación, contenida en la iniciativa de ley general para el ejercicio profesional de la abogacía en México, durante el segundo día de audiencias públicas sobre el fomento a la calidad de los servicios de los profesionales del derecho, realizado en el Senado de la República.

El senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación, señaló que se necesita una colegiación seria y amplia en el país, ya que actualmente no existe; además de que es importante que haya colegios serios en el ámbito técnico, de conocimientos, ética y en la regulación del ejercicio profesional.

Explicó que la certificación es una de las soluciones contempladas para mejorar la calidad de los servicios profesionales del derecho, y en el proyecto de ley no sólo se debe contemplar el órgano que se encargará de realizarlo, sino también plantear quién calificará al certificador.

El senador Enrique Burgos García, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, señaló que la finalidad de las audiencias con expertos en derecho es armonizar puntos de vista, recibir ideas, propuestas y análisis del proyecto de ley.

En su turno, Jaime Valls Esponda, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), dijo que a las instituciones de educación superior les corresponde verificar la calidad de sus programas, y procurar la actualización de sus egresados, y no a una colegiación.

Señaló que la iniciativa presenta inconsistencias y redundancias, además de que no se consideraron los impactos en las distintas leyes en materia de profesiones, ni resuelve la situación, respecto de si estás se mantendrán vigentes simultáneamente a la ley que se propone, “en este sentido, los artículos transitorios son confusos”, especificó.

José Antonio Caballero Juárez, representante académico ante el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, comentó que el mercado de los servicios jurídicos está completamente regulado desde el punto de vista económico; sin embargo, se necesita empezar a generar mecanismos de información sobre el mismo.

En cuanto a la iniciativa, dijo que su principal dilema radica en la creación de instituciones de la sociedad civil a las que se les atribuye un papel clave para la regulación de las actividades relacionadas con el ejercicio de la profesión, así como un monopolio; el problema radica en que éstas no son estables institucionalmente, son poco representativas y no tienen la capacidad necesaria para operar.

Por su parte, Óscar Cruz Barney, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que cualquier acción contraria al prestigio y honorabilidad de la profesión debe ser sancionado por el colegio de abogados al que esté incorporado el ofensor; ya que los abogados sólo podrán mantener la libertad, independencia y demás hábitos de conducta que la profesión le exige, si se ven asistidos, tutelados, estimulados y, en caso de ser necesario, sancionados por el colegio profesional de adscripción.

Dijo que la certificación sin colegiación es un sinsentido, porque el ejercicio profesional de la abogacía es un problema ético, por lo que la certificación per se no es la solución, es decir, debe haber un control ético profesional y una actualización de conocimientos certificado que vayan de la mano.

Sergio López Ayllón, director del Centro de Investigación y Docencia Económica, enfatizó en que no existen soluciones perfectas, sino mejoras graduales que tienen que ser evaluadas y modificadas periódicamente; en este caso para mejorar la mala calidad de los servicios jurídicos profesionales.

Dijo coincidir en lo general con la iniciativa; sin embargo, duda en cuanto a si la colegiación obligatoria, en este momento, es la mejor solución; aunque está convencido de que en un futuro es un elemento que se debe considerar, además de asegurar que la educación jurídica en México responda a estándares mínimos de calidad, y no a meros formalismos burocráticos.

Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que es conveniente y necesaria una ley general de abogacía en México; y dijo estar a favor de incluir la colegiación obligatoria, porque los colegios deben servir como instancias para controlar el ejercicio de la profesión jurídica. Pero no se debe concebir la colegiación sin certificación.

Dijo que para la implementación de la colegiación obligatoria sería importante contar con una instancia independiente de las autoridades del Estado y de las organizaciones de abogados existentes; que tenga un carácter transitorio y que carezca de facultades vinculantes, “una especie de ombudsman de la abogacía”.

Por su parte, Ricardo Sepúlveda Iguíñiz, profesor en la Escuela Libre de Derecho, dijo que existe la necesidad de instrumentar medidas para elevar el nivel de desempeño profesional, ético y humano de quienes conforman el gremio de abogados.

Jesús Orozco Henríquez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo que la regulación del ejercicio profesional a través de la colegiación, enarbola la defensa del derecho a la vida, la salud, la libertad, la seguridad y el patrimonio de quienes confían en los servicios profesionales de los abogados; pues constituye una herramienta para garantizar el acceso a la justicia.

Desde la perspectiva de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, comentó, la colegiación constituye un medio de regulación y de control de la fe pública, y de la ética a través de la verificación de la actuación de los abogados; y los colegios son un sistema que puede asegurar el funcionamiento armónico y normal de las instituciones.

En su participación, José Gabriel Martínez González, director de la maestría en Políticas Públicas del Instituto Tecnológico Autónomo de México, dijo que la iniciativa propuesta divide en lugar de unir, porque se colocaría a un pequeño grupo de ciudadanos a cargo de los colegios profesionales, en un estatus similar al que tiene el banco central.