DESDE EL SENADO

LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA debe otorgar la facultad al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) para liberar información sin la intervención de otra autoridad, diferenciar a los sujetos obligados y mejorar en el rubro de derechos humanos, coincidieron los comisionados del Instituto, especialistas y senadores en una audiencia pública realizada en el Senado de la República.

El senador Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, dijo, en relación a las declaraciones del Consejero Jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, que esa instancia no es la autoridad competente para reconvenir las posiciones de los legisladores federales y, en particular, de quienes promovieron la iniciativa de ley en materia de transparencia.

Enfatizó en que no se le pueden establecer responsabilidades de carácter genérico a la Administración Pública Federal, menos aun cuando su ley orgánica otorga facultades y competencias específicas a cada una de las dependencias que integran el poder Ejecutivo federal.

LA SENADORA CRISTINA DÍAZ, presidenta de la Comisión de Gobernación, explicó que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública servirá como base para el ejercicio del derecho a la información, a fin de que se conozca cómo se ejerce el poder público y las razones por las que se toman las decisiones.

Asimismo, reconoció la labor de los comisionados del Inai, porque la institución determina un parámetro de observación que no se debe ignorar en el Senado, porque de ello depende la existencia, en un futuro, de instrumentos jurídicos e institucionales para que los ciudadanos ejerzan plenamente sus derechos.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Pablo Escudero Morales, precisó que la negociación y discusión del proyecto se lleva a cabo entre senadores de la República, “para que no quede ninguna duda”.

Detalló que el proyecto incluye a los sujetos obligados, las atribuciones del Inai y obligaciones específicas para el Banco de México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Instituto Nacional para la Evaluación de Educación, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre otros.

Además, dijo, incorpora algunas obligaciones para la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, las empresas del Estado mexicano y el Fondo Mexicano del Petróleo.

LA SENADORA MARCELA TORRES PEIMBERT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, destacó la importancia de discutir el proyecto “en un marco tan grave”, en el que México puede quedar ante los ojos del mundo como un lugar opaco, porque los ciudadanos no tienen acceso a información de la desaparición de 43 estudiantes.

Coincidió en que la norma debe ampliar y facilitar el derecho humano a la información y solicitó aclarar el artículo 158 del proyecto, para que el Consejero Jurídico del gobierno sea solamente del Ejecutivo federal y no sea “el abogado de la nación”.

LA SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, también del PAN, planteó la necesidad de desarrollar aún más las oblaciones en materia de transparencia para sectores de la Administración Pública Federal, pues no se trata de copiar y pegar las disposiciones de la ley general a la ley federal.

Lizbeth Hernández Lecona, senadora del PRI, consideró que este es un tema de educación, por lo que debe llevarse a niveles básicos para que se entienda la cultura de la transparencia.

Expuso que los órganos de los estados deben legitimar y llevar a cabo esta cultura de transparencia, y de ahí abordar el tema de lineamientos y programas, a fin de homologarlos en la ley general, con el propósito de que la gente entienda los pasos a seguir para dar cumplimiento a esta ley.

MAURICIO MERINO HUERTA, coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas, expuso que el propósito de los legisladores fue crear una ley especializada en cuestión federal; por lo tanto, lo que no fue contemplado en la general para instituciones o sectores de la Administración Pública Federal, sí debe incluirse en esta nueva pieza legislativa.

Subrayó que los legisladores deben hacer un esfuerzo para que no haya contradicciones en el proyecto, y de esta manera, evitar litigios que vulneren el derecho a la información de los ciudadanos.

EN SU INTERVENCIÓN, ANA CRISTINA RUELAS, de Artículo 19, destacó la necesidad de incluir en la redacción del borrador de la ley general una parte que fue eliminada, respecto a la posibilidad de que el Inai pueda declarar el interés público de la información relacionada con violaciones graves a derechos humanos, aun cuando no exista pronunciamiento previo de la autoridad competente.

Consideró que la definición de cada uno de los elementos de la prueba de daño, limita la posibilidad de interpretación de derecho y su progresividad en un análisis caso por caso; la inclusión de nuevos supuestos de confidencialidad dijo que vulneran los principios y bases de la ley general, y podría derivar en mecanismos para la restricción del derecho a la información.

RENATA TERRAZAS TAPIA, INVESTIGADORA DE FUNDAR, DIJO que en el proyecto existen elementos contrarios a los principios desarrollados en la Ley General de Transparencia; además de que hay oportunidades para ampliar la garantía del derecho de acceso a la información.

Propuso que el Inai debería resolver las peticiones de información, y cuando ésta se declare inexistente, girar una instrucción para generarla; también se puede ampliar la información de la condonación y cancelación de créditos fiscales, es decir, incluir la fecha y motivo de éstos.

MARIANA CAMPOS VILLASEÑOR, coordinadora del Programa de Gasto y Rendición de Cuentas de México Evalúa, señaló que regular en la ley federal temas como la prueba de daño, el perfil del órgano interno de control, así como aspectos de la organización del Instituto, “pueden ser un riesgo para el acceso a la información”.

Consideró que en este ordenamiento debe quedar explícita la facultad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), “para poder interpretar, exclusivamente para fines de acceso a la información, violaciones graves a derechos humanos”.

GUILLERMO NORIEGA ESPARZA, coordinador del Colectivo por la Transparencia, sugirió ampliar y especificar las obligaciones del Poder Ejecutivo federal y categorizarlas por sector; además de incorporar el concepto de gobierno abierto para cumplir con las expectativas del artículo 59 de la ley general, en torno a la promoción de colaboración entre todos los sujetos obligados.

ALEJANDRO GONZÁLEZ ARREOLA, director general de Gestión Social y Cooperación, aseguró que la discusión abierta de esta ley sentará un precedente para la armonización de las legislaciones estatales, por lo que la corrección técnica debe ser adecuada y la aplicación de sus principios tienen que ser los correctos.

Consideró que esta es una oportunidad para introducir criterios específicos y obligaciones pro-activas de transparencia en las áreas de política pública, es decir, regular no sólo al orden federal de la Administración Pública, sino también al parlamento abierto y justicia abierta, toda vez que también son del ámbito federal.

XIMENA PUENTE DE LA MORA, comisionada presidenta del Inai, expuso que uno de los pendientes es el reconocimiento del Instituto para determinar, en primera instancia y en el orden administrativo, la procedencia del acceso a la información, sin tener que esperar una declaración de otra autoridad.