DEBEN GARANTIZAR PROTECCIÓN A LOS PERIODISTAS EN EJERCICIO

La violencia contra la prensa crece y con ella la impunidad en todos y cada uno de los casos, por lo que urge buscar mecanismos efectivos para bajar los altos índices de informadores asesinados en el país por el ejercicio de su profesión.

El Diputado del PRD, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Gabriel Godínez Jiménez, dijo que las autoridades de los tres niveles de gobierno deben garantizar protección a todos los periodistas en el ejercicio pleno de su profesión.

Destacó a su vez que el Distrito Federal debe conservar su carácter progresista en la defensa de los derechos humanos más allá de que se le considere como un refugio de periodistas en riesgo.

Además, destacó que se deben buscar mecanismos efectivos para bajar los altos índices de informadores asesinados en el país por el ejercicio de su profesión, de los que ya se reportan 103 en un lapso de 15 años.

Godínez Jiménez exigió se aclaren los homicidios de más de un centenar de periodistas, de los que no se tienen resultados acerca de las averiguaciones previas realizadas a las que suman las más recientes como la de Rubén Espinosa y los feminicidios vinculados al reportero gráfico.

Exigió a las autoridades de las Procuradurías General de la República (PGR) y General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), para que aclaren de manera inmediata los móviles y detengan a los responsables materiales e intelectuales del caso de la colonia Narvarte, para que el multihomicidio no quede impune.

Subrayó que es inconcebible que en México, con el homicidio de Espinosa, sumen ya 103 periodistas asesinados y que las autoridades se atrevan a decir que están haciendo todo lo que pueden para protegerlos, cuando la realidad es que la violencia contra la prensa crece y con ella la impunidad en todos y cada uno de los casos.

Consideró que la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal, que entró en vigor el martes 11 de agosto -un mes después de que fuera aprobada por la ALDF- está enfocada en garantizar la libertad de expresión.

La ley promulgada, explicó, contempla la creación del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal, como un organismo público descentralizado.

Dentro del Mecanismo de Protección Integral está el de impulsar iniciativas de ley, normas o políticas para proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las personas en situación de riesgo, como consecuencia a sus actividades relacionadas con la defensa de los derechos humanos y el periodismo.

Con base en la nueva Ley, aseguró, se podrá evaluar con mayor rapidez el riesgo de un periodista y aplicar medidas que pueden ir desde cursos de autoprotección, hasta plantear reubicaciones, vigilancia de escoltas y suministro de equipo de seguridad como chalecos antibalas.

Recordó que de 2012 a la fecha, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) ha atendido 172 solicitudes de periodistas para obtener protección. Lo más grave, dijo, es que el índice de impunidad en las investigaciones es del 81 por ciento con base en información proveniente de la CNDH.

El homicidio de Espinosa pone en el ojo el huracán la represión que viven los representantes de los medios de comunicación en Veracruz y deja ver la nefasta actitud negligente de las autoridades locales para brindar protección a los periodistas.

Ante los actos represivos y asesinatos que padecen los periodistas veracruzanos, aquella entidad se ha convertido en el lugar más peligroso de toda Latinoamérica para el pleno ejercicio de la libertad de expresión, precisó.

En ese sentido, aseguró, nos sumamos a la Organización Defensora de la Libertad de Expresión Artículo 19 que hizo un enérgico llamado a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que desde sus facultades hagan todo lo posible para que se haga justicia en todos los casos.

Al mismo tiempo, desde la tribuna de la ALDF hizo un llamado para que las Procuradurías, General de la República y General de Justicia del Distrito Federal dispongan de todos los recursos del Estado mexicano para dar con los responsables del multihomicidio cometido en la colonia Narvarte.