EL NÚMERO DE VÍCTIMAS AUMENTÓ DE 17.8 A 22.5 MILLONES DE 2010 A 2013

En los últimos años, México ha experimentado un deterioro importante de la seguridad pública que se ha reflejado en un incremento del número de delitos de alto impacto, pues el número de víctimas aumentó de 17.8 a 22.5 millones de 2010 a 2013.

Lo anterior lo señala el Informe final de la Evaluación en materia de Diseño del Programa presupuestario E033 “Atención a Víctimas”, que remitió la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a la Comisión Permanente.

El documento refiere que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre seguridad Pública (ENVIPE) que publica cada año el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).

Por tal motivo, surge el “PpE033 Atención a Víctimas”, cuya unidad responsable de su ejecución es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y su finalidad es brindar atención integral a las personas que sean objeto de delitos del fuero federal y de violaciones a los derechos humanos.

A partir del análisis del diseño de este programa, se identificó que se encuentra alineado con el objetivo de “garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación”.

Asimismo, la población potencial del programa se definió como “víctimas de delitos del fuero federal y de violaciones a sus derechos humanos”, sin embargó, se identificó que éstas no pueden ser cuantificadas, ya que el número de víctimas depende de las condiciones del entorno social del país y no es posible establecer una estimación.

Aunado a ello, la evaluación precisa que existe un número elevado de víctimas que no denuncian el delito del cual fueron objeto, debido a que el programa es de carácter paliativo y no preventivo, lo que significa que únicamente está obligado a atender las víctimas que solicitan o aceptan los servicios que brinda la CEAV.

El análisis identificó que el “PpE033” cuenta con complementos respecto de los programas presupuestarios de la Secretaría de Gobernación, de la Procuraduría General de la República y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “con lo que el gobierno busca reafirmar su compromiso por brindar atención a víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos”.

La evaluación tiene como finalidad proveer información a la unidad responsable de su ejecución, que retroalimente su diseño, gestión y resultados.