SANCIONAR EL CIBERACOSO SEXUAL

Con el avance de la tecnología muchos niños han sido víctimas de diversos delitos, entre ellos el acoso sexual a través de las redes sociales, por lo que es necesario fortalecer la Ley en la materia y dar certeza jurídica a quienes lo han padecido.

El Diputado Federal, del Partido Nueva Alianza, Rubén Félix Hays, explicó que esta conducta, a la que también se le conoce como grooming, debe ser regulada y sancionada, ya que no debe haber omisiones en la Ley para castigar a los adultos que aprovechan las redes sociales para acosar sexualmente a menores.

En entrevista, el legislador de Nueva Alianza recalcó que el trabajo legislativo en la materia es urgente, ya que únicamente en el estado de Nuevo León se ha legislado al respecto, con una pena máxima de cinco años a quien cometa este delito.

“El cuidado físico, psicológico, y en general la procuración del bienestar de los menores es una tarea que el Estado mexicano debe garantizar y no escatimar recursos para ello”, subrayó.

Asimismo, consideró preocupantes las cifras emitidas por la empresa de seguridad informática Bitdefender, las cuales indican que el ciberacoso está presente en 30% de los usuarios menores de 14 años.

Por ello, consideró importante atender las recomendaciones de la UNICEF y mediante campañas de información alertar a los padres de los delitos a los que pueden estar expuestos sus hijos al utilizar internet, de las medidas de prevención, los síntomas que presentan los pequeños cuando viven una situación de acoso, así como las instancias a las que deben acudir para denunciar y recibir apoyo.

Recordó que en 2013 se creó la Policía Cibernética, con la intención de combatir la trata de personas, pornografía infantil y fraude en Internet, realizando vigilancia de la web de manera permanente y dando cursos en escuelas, empresas y dependencias.

Finalmente, Félix Hays subrayó que el trabajo para proteger a los infantes debe ser en equipo, con el cuidado y vigilancia de los padres de familia, el de los legisladores para adecuar la normatividad a fin de dar certeza a las víctimas y castigar a quienes incurren en estas prácticas que perjudican a los menores, y el de las instancias de gobierno que deben velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes.