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CASTIGAR REPRESALIAS CONTRA QUIENES DENUNCIEN TORTURA

8 jul 2015
2 min de lectura

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Todas las personas tienen el derecho a no ser sometidas a tortura y que deben estar protegidas en todas las circunstancias en las cuales se pueda ejercer este delito, y reconocen la necesidad de fortalecer los esfuerzos para tratar de prevenir esta práctica, en lugar de reaccionar a ésta después de que haya ocurrido.


La Comisión Permanente demandó a las autoridades de los tres niveles de gobierno, tomar las medidas necesarias para prevenir y castigar toda represalia contra víctimas que denuncien torturas o malos tratos, sus familiares, representantes y defensores de derechos humanos; así como garantizar el derecho de todas las víctimas a una reparación integral del daño.

Asimismo, exhortó a las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia del gobierno federal y de las entidades federativas, así como al Sistema Nacional de Atención a Víctimas, a continuar con la capacitación de los servidores públicos en materia de sensibilización, prevención y erradicación de tortura y otros tratos crueles e inhumanos.

En el dictamen, aprobado por el Pleno de la Permanente, se expone que el uso de la tortura persiste en muchos países del mundo, a pesar de su prohibición absoluta tanto en el derecho internacional como en el marco jurídico doméstico.

En el caso de México, la tortura está absolutamente prohibida en la Constitución Mexicana y en diversos ordenamientos de derecho interno, además de que el país ha suscrito diversos instrumentos internacionales en este sentido.

En el mismo sentido, se recuerda que el 9 de enero de 2013 se publicó la Ley General de Víctimas, como un desarrollo normativo encaminado a crear las reglas, principios, medidas, mecanismos y procedimientos para garantizar a las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos el pleno acceso a la verdad, justicia y reparación integral del daño, además de crear un Sistema Nacional de Atención a Víctimas que dará un soporte institucional para vigilar la correcta aplicación y cumplimiento de las medidas de reparación.

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