PROTEGER LOS DERECHOS DE HIJOS DE INTERNAS EN RECLUSORIOS DEL PAÍS

Es necesario y urgente asegurar los derechos constitucionales a la educación y alimentación, y desarrollo integral, de alrededor de dos mil niñas y niños, hijos de madres internas en centros penitenciarios del país.

La Senadora del PRI, Cristina Díaz Salazar presentó al pleno de la Comisión Permanente un punto de acuerdo en el que se exhorta a las secretarías de Gobernación, de Hacienda, Educación y Comisión Nacional de Seguridad, a tomar las medidas pertinentes, para la solución de este problema.

La presidenta de la Comisión de Gobernación en el Senado argumentó que los niños que viven en prisión con sus madres han sido denominados “niños invisibles”, debido al abandono institucional y social que padecen, por lo que también sufren y viven la pena impuesta a sus madres sin tener ninguna responsabilidad en el delito.

Cristina Díaz puntualizó que esta situación viola el principio de derecho penal de intrascendencia de la pena a terceros, ya que un acto cometido por la madre afecta el desarrollo del niño, debido a la ausencia de políticas públicas y normatividad que protejan a los cerca de dos mil infantes que se ubican dentro de nuestro sistema penitenciario, lo que hace urgente una revisión de la legislación vigente.

Manifestó que desde hace más de dos décadas nuestro país forma parte de un listado de países que han ratificado e impulsado distintos instrumentos internacionales en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes, lo que nos obliga a realizar mayores acciones tendientes a garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes sin importa su condición o la de sus padres.

Agregó que lamentablemente en la vida cotidiana de los reclusorios, las autoridades penitenciarias no tutelan los derechos de los infantes que por diversas circunstancias habitan en los reclusorios, mucho menos, se han tomado en cuenta las necesidades particulares que requieren para su desarrollo integral.

“Dentro de algunos reclusorios –abundó-, existen Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) que ofrecen cursos escolares a los niños que viven con sus madres, como es el caso del Centro de Reclusión de Santa Martha Acatitla, en el cual existen actualmente 128 niños, pero no es certificado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), ni cuentan con documentos de validez oficial”.

El punto de acuerdo firmado también por las senadoras Diva Gastélum, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio, Leticia Herrera, Itzel Saraí y María Elena Barrera, exhorta respetuosamente a las secretarías de Gobernación y de Educación Pública a desarrollar un programa para la construcción de Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) en los reclusorios de mujeres en el país, o en caso de pertinencia por cualquier otra situación, realizar convenios de colaboración entre los centros penitenciarios y escuelas ubicadas en las cercanías a los mismos.

También exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para que se determinen las partidas presupuestales correspondientes, a fin de que Segob y SEP lleven a cabo la planeación y desarrollo de un programa para la construcción de Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) en los reclusorios de mujeres del país.

Además, se exhorta a la CNS para que en el Marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, establezca los lineamientos generales para determinar las condiciones que aseguren el desarrollo integral de las niñas y niños que viven con madres reclusas en centros penitenciarios.

Se exhorta también a la SEP a realizar las certificaciones necesarias a los Centros de Desarrollo Infantil ubicados en los reclusorios del país, de manera que se otorgue validez a los estudios que realicen los menores en ellos así como la elaboración de planes de estudio homologados para dichos Centros en todo el país.