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REFORZAR INVESTIGACIÓN, DESAPARICIÓN DE PERSONAS

16 jun 2015
3 min de lectura

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La Procuraduría General de la República (PGR), debe reforzar las investigaciones dirigidas a deslindar responsabilidades y poner a disposición de las autoridades a los responsables de la presunta desaparición de 30 personas en el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, ocurrida entre el nueve y 14 de mayo de este año.

Además, se hace un llamado al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a la Comisión Nacional de Seguridad y a las instituciones encargadas de seguridad y procuración de justicia de Guerrero para que, en coordinación con la sociedad civil, implementen estrategias, acciones y programas para prevenir el delito en la entidad.

En las consideraciones del dictamen, la Primera Comisión de la Permanente, que preside el senador Arturo Zamora Jiménez, advirtió que “ante la realidad de un Estado que no cumple con una de sus principales funciones, la de suministrar seguridad, los ciudadanos tendrán que centrar todos o gran parte de sus esfuerzos en la defensa de sus bienes y derechos”.

La vigencia del Estado de Derecho, agregó, depende fundamentalmente de la confianza de la ciudadanía en su gobierno y en las leyes que lo rigen.

Por ello, hizo énfasis en que es indispensable una actuación íntegra y transparente de la autoridad, que brinde a los ciudadanos la certidumbre de que cuentan, en todo momento, con instituciones que garantizarán el respeto a sus derechos mediante la aplicación de la ley.

Los senadores y diputados que integran este órgano encargado de resolver asuntos de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, rechazaron todo acto de violencia en México.

En otro dictamen aprobado, los legisladores pidieron que la Fiscalía General del Estado de Veracruz informe el estado que guardan las investigaciones que se realizan para esclarecer los hechos ocurridos el pasado 5 de junio, en los que resultaron heridos ocho estudiantes de la Universidad Veracruzana.

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En el documento también se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que, en caso de que resulte de su competencia, investigue las posibles violaciones a los derechos humanos relacionadas con este asunto.

La Primera Comisión de la Permanente respaldó un dictamen para solicitar a la Secretaría de Gobernación un informe sobre el estado que guarda el registro y la expedición de la cédula de identidad para menores de edad.

De acuerdo con el punto de acuerdo, el reporte deber dar cuenta de las medidas que permitan garantizar la protección de los datos recabados, así como los avances en la reactivación del programa de la “Cédula de Identidad Personal”.

Sobre el tema, el senador Arturo Zamora Jiménez recordó que este proyecto se inició en el sexenio anterior, que están enfocado en este momento en menores de edad y con una aprobación de 700 millones de pesos.

Con ello, agregó, se prevé registrar a aproximadamente a 25.7 millones de menores, fortalecer su sentido de pertenencia a una familia, comunidad o nación, así como prevenir el robo de infantes y de delitos relacionados con el tráfico de personas.

La Cédula, dijo el legislador del Partido Revolucionario Institucional, se convierte también en un instrumento que brinda tranquilidad y certidumbre a las familias; además, agilizaría la inscripción de niñas y niños en las instituciones educativas y de atención a la salud.

La Primera Comisión también aprobó ocho dictámenes relacionados con temas de derechos humanos, violencia de género, educación cívico-electoral, indemnización a víctimas de ciclones, prevención de inundaciones en la Ciudad de México, atlas de riesgo y combate a delitos con armas de fuego.

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