CONSIDERAR NUEVOS FACTORES EN LA EVALUACIÓN DOCENTE

Urge modificar la Ley General del Servicio Profesional Docente a fin de considerar las condiciones socioeconómicas y orográficas en la aplicación de la evaluación del desempeño de los profesores de educación básica y medio-superior.

A través de una iniciativa, suscrita también por los senadores del PRD, Luz María Beristain y Luciano Borreguín González, Robles Montoya plantearon que de ninguna manera los resultados de la evaluación tengan vinculación o efecto sobre la permanencia de un docente en su cargo.

El legislador por Oaxaca sostuvo que con la Reforma Educativa se han atropellado los derechos laborales adquiridos por los maestros antes de su entrada en vigor al aplicar el nuevo esquema de evaluación previsto en la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Y es que dicho esquema implica que “la autoridad educativa puede privar al docente de su plaza laboral sin absolutamente ninguna responsabilidad, a través de una evaluación estandarizada que no toma en consideración los diferentes contextos económicos, sociales, demográficos y demás aspectos que inciden en los procesos educativos”, explicó.

Advirtió que desde ese momento se inició una importante movilización magisterial en todo el país en rechazo a esa reforma educativa y su evaluación punitiva, principalmente en los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán.

Benjamín Robles argumentó que el sistema de evaluación no puede ser homogéneo en todo el país ya que las entidades del sur-sureste mantienen marcadas diferencias de desigualdad.

Por ello, agregó, “para alcanzar el desarrollo en materia educativa, primero hay que generar las condiciones mínimas de bienestar y así garantizar que todas las niñas y niños del país se encuentren en las mismas condiciones para recibir la educación pública”.

Enfatizó que en dichas entidades se deben diseñar programas específicos para proporcionar una educación acorde a las características de los grupos indígenas, impulsando formación de docentes en educación indígena con opciones abiertas y escolarizadas.

Robles Montoya recordó que el pasado 29 de mayo, la Secretaría de Educación Pública informó que el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en educación básica y media-superior quedaba suspendido indefinidamente “con motivo de nuevos elementos a considerar”, sin especificar cuáles serían esos elementos.

En ese sentido, consideró que más allá de significar una falta a la ley por parte del titular de la SEP, esta suspensión evidencia la necesidad de revisar la regulación de las evaluaciones docentes a fin de que éstas sean un mecanismo idóneo para diagnosticar las fortalezas y debilidades de los profesores.

“Pero también de planes y programas de estudio y a partir de ahí encaminar los esfuerzos necesarios para fortalecer la educación, revirtiendo así el esquema actual que contempla las evaluaciones como un mecanismo inquisitivo”, añadió.

De otra manera, apuntó Benjamín Robles, la evaluación es un mecanismo que únicamente garantiza la privación de plazas laborales a quien no cumpla los requisitos y de ninguna manera está diseñado para impulsar un constante mejoramiento en su capacitación.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores para su análisis y dictaminación.