VERIFICACIONES IRREGULARES DEL INVEA

“Nosotros buscamos el que se pueda llegar a un punto de acuerdo para una reglamentación, no estamos en contra de que la autoridad nos regule, inclusive nosotros podemos ir hacia un sentido de manejar algún tipo de medidas, algún tipo de normatividad para que nuestras unidades puedan circular de manera correcta, incluso aportarle a la Ciudad parte de la estructura de publicidad para campañas sociales, sin embargo no ha habido un dialogo por parte de la autoridad y es ahí donde nos atoran para poder seguir trabajando”, apuntó Salomón Alcalá, presidente de la organización.

Explicaron que derivado de los operativos de verificación realizados de forma arbitraria por parte del INVEA desde noviembre de 2014 hasta la fecha, han registrado pérdidas económicas por 4 millones de pesos mensuales debido al ingreso de 200 unidades al corralón estableciendo multas estratosféricas de hasta 40 mil pesos, generando incluso el cierre de varias micro empresas.

“Es una gran afectación porque hay unidades que están en proceso de sacarlas del corralón, proceso que se ha visto entorpecido sistemáticamente por las autoridades lo cual no nos explicamos y lo que nos hace pensar que hay una consigna en contra de nuestro sector. Tenemos pérdidas de 4 millones al mes por no poder trabajar las 200 unidades que se encuentran encerradas, es una afectación que está impactando seriamente al gremio”, apuntó el dirigente.

Además denunciaron la represión ocurrida el pasado lunes 25 de mayo, cuando mediante un ataque violento granaderos de la SSP-DF les impidieron manifestarse públicamente, por lo que enviaron un mensaje al Jefe de Gobierno Capitalino, Miguel Ángel Mancera para abrir el dialogo y presentarle sus demandas, puesto que a la fecha se ha hecho esta solicitud mediante el giro de oficios desde el mes de marzo y al cual no han tenido respuesta alguna.

“El mensaje al jefe de Gobierno fue claro, queremos dialogar, queremos sentarnos y llegar a un acuerdo y como respuesta obtuvimos represión, es un problema muy grave y lamentamos que en este gobierno se hagan las cosas de esa manera. Nosotros estamos aquí listos para la regulación, listos para ir adelante y aportar a este país lo que necesita”, finalizó Alcalá.

Las 47 empresas que conforman este consejo venían desarrollando la actividad empresarial en unidades que operaban bajo la modalidad de transporte de carga y mediante la expedición de un permiso contemplado en el reglamento del Transporte.

Sin embargo, en agosto de 2013 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal “se modificó dicho artículo bajo justificaciones para nosotros endebles” por parte de la Asamblea Legislativa, prohibiendo “la exhibición de anuncios de propaganda comercial e institucional con estructuras instaladas en vehículos de propiedad pública o privada cuyo único fin sea difundir anuncios de propaganda”, generando el cierre de varias micro empresas.

Las empresas del Consejo Mexicano de Publicidad Móvil continuaron operando por más de un año apegados al reglamento mediante el Permiso para portar publicidad en Vehículos del Servicio de Transporte Público de Pasajeros, Taxi, Carga y Privado, girados por la Secretaría de Movilidad, que hoy la dependencia desconoce, así como niega el ingreso de documentación para la tramitación de nuevos permisos.