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NO APLICAR LA POLÍTICA DEL GARROTE CONTRA MAESTROS

  • Antonio Garnica Muñoz
  • 3 jun 2015
  • 2 Min. de lectura

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Ante los actos de protesta que integrantes de la CNTE llevan a cabo en diversas partes del país en demanda de la derogación de la reforma educativa, el diputado perredista Alejandro Sánchez Camacho pidió al gobierno federal agotar las vías del diálogo y evitar aplicar la política del garrote.

“No estamos de acuerdo con los actos de violencia, vengan de donde vengan, pero utilizar la fuerza pública para frenar inconformidades lo único que provocaría es más violencia”, expuso.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales dijo que aún hay tiempo escuchar y atender las demandas de los profesores, quienes hasta ahora no han obtenido ninguna respuesta favorable a su pliego petitorio.

Lo que tiene que hacer el gobierno de Enrique Peña Nieto es retomar el diálogo y responder de manera contundente a los reclamos de los maestros que demandan dar marcha atrás a la reforma educativa, la cual sólo lesiona sus derechos y no da paso a un verdadero sistema educativo que eleve la calidad de la enseñanza, planteó

Asimismo, el legislador perredista rechazó las voces que exigen mano dura en contra de los manifestantes e insistió en que se privilegie el diálogo para dar solución a las protestas de los mentores.

Hizo hincapié en que los gobiernos y dirigentes, sobre todo, los de izquierda, por ningún motivo deben pronunciarse por la ley del garrote para frenar los actos de protesta que el gremio magisterial realiza en varios estados de la República, y que lamentablemente ha propiciado el robo y quema de papelería electoral.

“Hasta en los momentos más difíciles se deber recurrir a la negociación y al diálogo, insistió.

El diputado perredista exhortó al gobierno federal a que haga de lado la tentación de caer en el uso de la fuerza pública y a restablecer el diálogo con los maestros para que no se vean afectadas las elecciones del próximo domingo.

Dijo que las autoridades federales deben dar garantías de seguridad a los electores para que acudan a las urnas con la confianza de que podrán emitir su voto de manera libre y sin violencia ni presiones.

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