RESPETAR PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES EN MATERIA ELECTORAL

Se debe suspender la aplicación los programas sociales en cumplimento de las normas constitucionales y legales en materia electoral, en particular, la entrega de televisiones en el estado de México y el Distrito Federal, programada para efectuarse en varias entidades del país, antes de las elecciones del siete de junio.

Diputados del PRD pedirán a la Comisión Permanente en la sesión exhortar al gobierno federal para, asimismo, exhortar al INE para que aplique a la brevedad los lineamientos para la Promoción del Voto y la Participación Ciudadana por parte de Organizaciones Ciudadanas durante el Proceso Electoral 2014-2015 a los programas sociales federales y en particular, a la posible manipulación electoral del Programa de Televisión Digital Terrestre del gobierno federal previo a la jornada electoral del siete de junio.

Por último, exhortar a los gobiernos de la Entidades Federativas a que respeten el principio de equidad y se abstengan de violar las disposiciones del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral y de hacer uso electoral de programas sociales.

Los diputados Miguel Alonso Raya, Lizbeth Rosas Montero, Amalia García Medina, Fernando Belaunzarán Méndez, Lourdes Amaya Reyes, Gloria Bautista Cuevas, José Antonio León Mendívil y Graciela Saldaña Fraire señalaron que el clientelismo electoral en sus modalidades de compra, coacción e inducción del voto así como la práctica negativa del condicionamiento de los programas sociales ha sido un fenómeno generalizado que se registra con mayor presencia en las campañas electorales que altera gravemente las condiciones de equidad entre los contendientes, independientemente del tipo de elección de que se trate y por lo tanto, ha sido una materia de recurrente denuncia pública, de impugnación y litigio frente a las autoridades electorales.

Esa manipulación de la voluntad electoral, dijeron, se manifiesta de diferentes formas como es a través del reparto de bienes y servicios públicos, de dinero a cambio de votos o bien por medio de la promesa de diversos apoyos políticos y personales por parte de los candidatos con sus electores, llegando a darse inclusive mediante la coacción del votante potencial, que se da cuando el intercambio de favores se realiza por medio de amenazas, chantajes, uso de la fuerza y de la violencia.

Que independientemente del medio con el que se ejerza presión sobre los ciudadanos, siempre está de por medio el uso faccioso y partidista de recursos públicos a gran escala con una orientación claramente patrimonialista.

Y es que el clientelismo electoral herencia del viejo régimen, se maneja en gran medida de la mano del dinero público y de los programas sociales que son reorientados con objetivos claramente electoreros, como es el caso, histórico, de la Secretaria de Desarrollo Social del gobierno federal, que literalmente diseña sus programas y padrones con estos fines, a pesar de que la ley y la propia Constitución se lo prohíben.

Por ejemplo, agregaron, está el caso sonado de que el gobierno federal mantuvo el programa de entrega de televisiones digitales durante la actual campaña electoral, pese al periodo de veda electoral, en el marco del Programa de Televisión Digital Terrestre (TDT) y a que existe la determinación del gobierno de proseguir haciéndolo concretamente un día antes de la jornada electoral en el Estado de México y el Distrito Federal.

En ese contexto pretende repartir 250 mil televisiones en la víspera comicial, en los municipios del Estado de México: 115 mil en Nezahualcóyotl, 68 mil en Tlalnepantla, 24 mil en Texcoco, y en el Distrito Federal: 54 mil en Coyoacán, 15 mil en Benito Juárez y 16 mil en Cuajimalpa.