AHORRADORES DE FICREA EXIGEN ENTE FACULTADO PARA ATENDER SU CASO

Urge encontrar una solución que permita recuperar la totalidad de los ahorros de las personas defraudadas, estas advirtieron que de no haber repuesta por parte de las autoridades acudirán ante tribunales internacionales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En conferencia de prensa, representantes del grupo de ahorradores afectados del caso FICREA reiteraron la petición para celebrar mesas de acuerdos ejecutivas y resolutivas con autoridades federales, encabezadas por la figura del secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

En voz de Jorge Montes de Oca, Enrique Gracia y José Téllez, los ahorradores solicitaron al Gobierno Federal que designe un ente capaz de dar forma a la consolidación de los activos de FICREA, que actualmente se encuentran dispersos en diferentes organismos gubernamentales como en el caso del fideicomiso de la cartera de Leadman Trade y los bienes incautados por la PGR.

“Requerimos de una figura oficial que esté facultada para amalgamar todos y cada uno de los recursos existentes y por recuperar”, insistió Enrique Gracia, vocero de los ahorradores tras apuntar que para obtener los resultados esperados requieren de la voluntad política, humanista y social de las autoridades, comenzando por el titular de la Secretaría de Hacienda, Luis Videgaray quien hasta el momento no ha respondido a las peticiones de los afectados en el caso FICREA.

A cinco meses de anunciada la liquidación de FICREA, aseguraron que no hay avances sustantivos y a fin de acelerar el proceso de Concurso Mercantil será necesario que las autoridades confirmen quien será el liquidador, dado que a la fecha el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, SAE no ha aceptado fungir como tal.

Subrayaron también que hasta el momento las autoridades financieras del país no han puesto en marcha el proceso de transferencia con todas las formalidades establecidas en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y el título tercero de su reglamento, así como la Ley General de Sociedades Mercantiles.

“Nos parece inaplazable la instalación de una mesa de acuerdos ejecutiva y resolutiva en la que participen todas las autoridades involucradas, con las facultades necesarias para la resolución de este problema que no causamos los ahorradores”, insistieron tras hacer una revisión de los errores jurídicos o acciones concertadas que acompañaron la evolución del caso FICREA, poniendo en riesgo la recuperación de sus recursos.

Lamentaron que ni la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CMBV), ni la PGR haya realizado las acciones necesarias para impedir el envío ilegal de recursos hacia otras naciones, aun cuando ya había sospechas respecto a las acciones irregulares que realizaba Rafael Olvera Amezcua a través de Leadman Trade, Rent Trade y Trade Company.

“Pudieron haber detenido a Rafael Olvera, director general de FICREA, pero no lo hicieron, pues no tenían ni deseos ni fundamentos jurídicos. Nos parece la idea de la liquidación de FICREA solo fue una estratagema, una cortina de humo y una acción orquestada para quedarse con nuestros recursos económicos. Estamos en una pesadilla construida por la omisión de las autoridades que nos podría llevar a perder el resultado de toda una vida de trabajo arduo”, afirmó Enrique Gracia a nombre de los cientos de ahorradores.

Consideraron que las denuncias ante la PGR han sido insuficientes y las omisiones y dilación de las autoridades permitió la sustracción de recursos y desperdiciaron la oportunidad de hacer detenciones en forma de arraigos; no obstante confiaron en que existen suficientes recursos, activos y propiedades para poder restituir el dinero de los ahorradores defraudados por Olvera Amezcua, quien a pesar de ser un fugitivo internacional sigue disponiendo de sus bienes y realizando operaciones millonarias en Estados Unidos.

Lamentaron que el proyecto de Ley Ficrea impulsado por el Senado de la República, coloque en estado de indefensión y discriminación a los ahorradores cuyas cuentas superan el millón de pesos, puesto que tal iniciativa solo beneficiaría al 42% cuyas ahorros no rebasan los seis ceros y obliga al resto de los ahorradores a renunciar, ceder y desistirse de cualquier acción contra el Fondo de Protección al Ahorro, la Sociedad Financiera o el Gobierno Federal, para intentar recuperar el resto de los recursos que les corresponden por ley.

Consideraron que ni el Fondo de Apoyo por parte de Fipago, ni el crédito que Nafin otorgaría por 1000 millones de pesos, son suficientes para cubrir sus ahorros y las autoridades no están considerando la recuperación de los intereses en su evaluación financiera, por lo que si Nafin incrementara el nivel de préstamo, podrían solventar la recuperación de los ahorros en un 100%.

En este sentido, estimaron que el castigo impuesto por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a la cartera de Ficrea está sobrepasado y no corresponde a la realidad, pues reiteraron la cartera en la que se concentran sus ahorros es sana y todo apunta a que la evaluación de NAFIN será positiva, por lo que favorecería que el nivel de préstamo superara los mil millones de pesos.

Finalmente, cuestionaron que la iniciativa de Ley Ficrea contemple en el apartado XIII la posibilidad de que los recursos lícitos que corresponden a los ahorradores y que se encuentran confiscados por la PGR vayan a formar parte del presupuesto de ingresos del 2016, cuando son resultado del trabajo honrado de los ahorradores defraudados por FICREA.